Los 77 mil locatarios de los 299 mercados públicos distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México rechazan la iniciativa de ley priista que pretende privatizarlos. Tal motivo se anunció una movilización frente al Congreso Local, el día lunes a las 10:00 horas para exigir respeto a los acuerdos alcanzados con la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos.
Dieron a conocer que, de no ser escuchados, cerrarán estos centros de distribución de alimentos en los próximos días.
El Mercado 1º de Diciembre exigió al partido mayoritario en el Congreso de la CDMX, MORENA, ser congruentes y escuchar todas las voces de la sociedad antes de aprobar leyes como es el caso de la iniciativa de Ley de Regulación y Fomento de Mercados Públicos y Tianguis Populares de la Ciudad de México, presentada por grupo parlamentario del PRI a través del legislador, Armando Tonatiuh González Case.
Zuleika Castellanos, Miguel Ángel Nacar, Edgar Álvarez, José García, Víctor Ríos, Héctor León y Edgar Mendieta, expusieron que el riesgo de avalar una iniciativa de esta naturaleza como la que plantea el PRI, más allá de que se trate de un partido minoritarios, acabaría con el sustento de más de 77 mil familias de comerciantes y cedería todos los espacios de comercio a las trasnacionales como Walmart, Soriana, entre otras tiendas.
Los conferencistas concretaron que la demanda es muy simple: mantener a los mercados como públicos a través de una Ley pero que esté sustentada en el Reglamento de Mercados Públicos ya existente.
La vocera Zuleika Castellanos dio a conocer que es una obligación constitucional del Estado garantizar el servicio público de los mercados por lo que no se aceptarán los conceptos de: concesión y autoadministración.
Por ello, añadió, este lunes una comisión de liderazgos de mercados públicos acudirán a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México para hacer valer su derecho de audiencia y que el Presidente de la Comisión de Abasto y Alimentación, Ernesto Alarcón, cumpla su palabra de oír a este sector de la economía social al igual que lo habría con organismos empresariales de mayor poder político como CCE, Concanaco y otros.
Miguel Ángel Nacar, Presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México, resaltó la importancia del sector por ser “patrimonio cultural intangible” de la CDMX, pero además por garantizar empleo a miles de familias y acercar alimentos a bajo costo a los capitalinos.
A su vez, Edgar Álvarez, líder del Frente de Comerciante Colaboradores del Servicio Público y Conexos de la República Mexicana A.C. insistió en que lo que se debe convertir en ley es el Reglamento de Mercados Públicos como ya sucede en otras partes de la República Mexicana.
Para Víctor Ríos, de la Coordinadora Democrática de Mercados Públicos, la iniciativa es violatoria de otras leyes y reglamentos con que se rigen los mercados como la civil, la mercantil y la hacendaria de tal suerte que sería un peligro validar tal iniciativa.
José García, Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Similares y Conexos de la República Mexicana A.C. considera que es inadmisible que la iniciativa de ley pretenda la privatización de mercados cuando los comerciantes están exigiendo que no se permita la instalación de ambulantes o centros comerciales sino hasta librar una distancia superior a los mil 500 metros a la redonda.
Finalmente, Héctor León, aseguró que el impacto de una ley de esta naturaleza iría directamente a más de 75 mil familias que viven de esta actividad en los 299 mercados públicos que existen en la Ciudad de México lo que a su vez generaría efecto dominó entre proveedores y consumidores.
Redacción
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