Tras el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por el uso arbitrario de la fuerza ejercido por elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM), que dejó un saldo de 2 migrantes muertos y dos personas heridas, el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) considera prioritaria la participación del Gobierno Federal en la regulación y fiscalización de aquellos cuerpos de seguridad que prestan servicios a particulares, aprovechándose a conveniencia de las lagunas legales en las que se encuentran desde hace más de 20 años.
El que un cuerpo de vigilantes con 23 mil 792 efectivos como el CUSAEM esté fuera de toda normatividad, trae consigo factores que afectan tanto al gremio de la Seguridad Privada, como a la sociedad en general, ya que dicha organización carece de certidumbre jurídica ante la ciudadanía para su identificación, pero también representan una competencia desleal para aquellas empresas de seguridad en el sector privado que sí pagan impuestos.
“La carencia de un marco regulatorio para esa corporación, ha propiciado incluso que la portación de arma de fuego que poseen se maneje de manera inadecuada, ya que se amparan en una licencia oficial colectiva que está a nombre del Gobierno del Estado de México para prestar funciones en materia de seguridad pública, pero el CUSAEM la ocupa para brindar servicios a particulares incumpliendo con las regulaciones de la seguridad privada”, afirmó Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
Hasta la fecha, el permiso de portación colectiva de armas de fuego que posee CUSAEM no determina cuántas armas posee, ni quiénes son los elementos que las portan pues algunos carecen de capacitación armamentística, factores que encienden los focos de alarma ante el alza del robo de armas a corporaciones de seguridad. Tan sólo del mes de enero a octubre del presente año, policías de seguridad pública y ministerial han reportado el robo de 792 armas.
“La autorregulación del CUSAEM, va en sentido contrario de la política que ha formulado actualmente el Ejecutivo Federal, basada en la transparencia y el cumplimiento fiscal, nadie puede estar por encima de la ley. Quizás el regreso a su verdadera función que era brindar seguridad pública podría mejorar su situación, de lo contrario tendrá que acatar la normatividad que rige a todas las empresas de seguridad privada para poder ofrecer sus servicios en dicho sector”, argumentó Sapién Santos.
La poca claridad en el manejo de las acciones del CUSAEM, también ha fracturado su estructura interna, por lo que la Diputada Liliana Gollas, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Estado de México, ha ofrecido llevar a cabo un estudio y realizar propuestas para regular a estos cuerpos de vigilancia, pues la carencia de seguro social y prestaciones son algunos de los factores que más afectan a su trabajadores.
Si bien es cierto que en 1988 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, ordenó al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios a dar de alta a integrantes del CUSAEM, sin que recibiera ningún tipo de recurso público, muy pocos trabajadores de ese cuerpo de seguridad híbrido tienen prestaciones. Actualmente el CUSAEM tiene un adeudo de mil 318 millones de pesos con el ISSEMyM.
“Sabemos que la regulación del CUSAEM y de otros organismos parecidos podría complicarse por la falta de figuras legales al respecto, pero no se puede permitir que la ambigüedad que poseen, se use a conveniencia, sin que nadie pueda tener un control ni jurídico ni fiscal sobre ellos”, concluyó el presidente del CNSP.
Redacción
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