Gran revuelo causó ya la aprobación -como delito grave- la defraudación fiscal en México. Ésto principalmente en el sector empresarial, que se ha manifestado en contra de esta decisión desde que fue propuesta, hace unas semanas, por algunos legisladores.
Entonces, a partir de hoy (mediados de octubre) se hace oficial esta medida, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020:se castigará, con cárcel, a quien compre, expida o venda comprobantes fiscales falsos. Además, esto implica un combate en contra de las empresas fantasma.
En lo general, los puntos más destacados de esta decisión son:
- El dictamen aprobado implica modificaciones a: la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal.
- Por su parte, de acuerdo con la reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, “se impondrán sanciones de 2 a 9 años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o simuladas”
- Destaca que la pena de prisión no sólo será para quienes usen las facturas falsas; sino también, para quienes, mediante un tercero, utilicen o expidan las facturas falsas.
- Además, quienes publiquen o permitan anuncios para la compra de estos comprobantes, la sanción en cárcel puede ser, también, hasta por 9 años.
- Otro de los puntos señalados es que la defraudación fiscal se considerará como delito para prisión preventiva oficiosa, cuando supere -en tres veces- el monto de 2 millones 601 mil 410 pesos.
- Para los trabajadores públicos que sean sorprendidos cometiendo este delito, serán separados de su cargo e inhabilitados de entre uno a 10 años
- Incluso, podrán ser castigados, con hasta 6 años de cárcel, si cometen o participan en un delito fiscal.
- Por si fuera poco, con todas estas medidas, se detalla que los ilícitos contra el fisco serán considerados como amenazas a la seguridad nacional
El objetivo: mejorar la recaudación
Lo hemos comentado ya anteriormente. En su fundamento, y acorde a las políticas del actual gobierno, la búsqueda de transparencia y el combate a la corrupción son prácticas loables que necesitan de la cooperación conjunta de los sectores públicos y privados. Eso es síntoma de una verdadera democracia.
Pero eso no es todo. En diversas ocasiones, la Secretaría de Hacienda ha manifestado la enorme cifra, de tres cientos mil millones de pesos anuales, que el erario pierde a causa de este delito.
De hecho para algunos grupos parlamentarios, en el periodo de 2014 a 2019, la cifra llegó a 1.6 billones de pesos.
Sin embargo, a pesar del objetivo de querer alcanzar una mayor recaudación, el resultado conseguido podría ser el contrario. Eso es, de hecho, lo que señalan algunos organismos empresariales como COPARMEX,que aluden a una posible disminución en la inversión que algunas empresas hacen en el país. En ese sentido, el propio presidente López Obrador declaró estar “anonadado” con la reacción de esta confederación.
De ahí el debate. Facciones políticas y organizaciones empresariales, defienden su posición en lo acertado o erróneo de esta medida.
¿Y los pequeños negocios?
Hablamos de millones de empresas del país. Las que -a diario- emiten o solicitan facturas en su trabajo diario. Ellas son, precisamente, el grupo más vulnerable ante estos cambios. Para las firmas que trabajamos en el desarrollo de software contable, se nos viene la enorme tarea de estar listos en brindar las herramientas y los recursos necesarios para que esas compañías afronten un control fiscal más riguroso.
No es para menos. Las PyMEs tendrán que ser más cuidadosas en llevar su información, así como su contabilidad y sus registros de sus operaciones. Es válida incluso la preocupación que puedan tener por no ver clausurado su negocio o hasta de ser penados con cárcel.
En todo este contexto, la responsabilidad del Sector Público y Privado es trabajar en conjunto informando -a su vez- a empresarios y emprendedores, sobre los cambios que se están aprobando. Hacerlo, sin duda, permitiría ver las ventajas de tener políticas fiscales que promueven la transparencia.
Es pronto aún para ver los resultados de estas medidas (por de más controversiales). Habrá que estar atentos y participar en el debate: al final, el objetivo que todos debemos buscar es, sin duda, el bienestar económico de México.
Al tiempo.
Por Eduardo Pérez, director general de CONTPAQi
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