Las consecuencias que provoca la extorsión a la sociedad en el campo de la economía y la convivencia son muy graves. En el ámbito económico, abate la fuerza emprendedora de la ciudadanía, ya que ataca directamente en todos los giros de negocios a aquellos que día a día se esfuerzan por encontrar márgenes de utilidad aceptables y puntos de equilibrio que les permitan mantenerse abiertos al servicio de los consumidores.
La extorsión se dirige con total impunidad a esos negocios que son productivos y tienen vigencia en el mercado, es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fomenta la criminalidad para fondear las finanzas de las pandillas delincuenciales que azotan tres cuartas partes del territorio nacional, con un saldo rojo púrpura.
Hay varios tipos de extorsiones: la señalada, extorsión a los negocios exitosos, cobro por derecho a piso; la extorsión carretera, cobro por derecho a tránsito; la extorsión telefónica, que va directa al ciudadano y le cobra por derecho a tener seguridad familiar.
“Este elenco de inauditos chantajes minan la paz social. Al final del día desalientan la inversión y la actividad económica, pues muchos pequeños emprendedores se ven enfrentados a la disyuntiva de pagar la extorsión o cerrar sus negocios, al no estar dispuestos a trabajar para que otros les quiten el dinero bajo amago de violencia y lo obtengan nada más alzando la mano sin ningún esfuerzo de por medio. A nadie le acomoda trabajar 14 o 16 horas para mantener a una puntilla de vándalos organizados”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
Esto está pasando cada vez en más lares del territorio nacional. Al correr del primer trimestre del presente año, la extorsión está flagelando con mucha fuerza a 22 estados de la República: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Al menos, son los que hoy conforman la geografía con las mayores tasas de actividad delincuencial, convirtiéndose de facto en la caja chica que obtienen las bandas de las extorsiones que cobran a los pequeños, medianos e incluso grandes negocios.
El cobro mínimo por derecho a piso es de $500 pesos a la semana, por lo que un pequeño comercio de abarrotes atacado por este flagelo llega a pagar hasta $2,000 pesos mensuales para que lo dejen trabajar, cifra que representa el 20% de su utilidad mensual; sin embargo, este cobro puede alcanzar un techo de hasta $50,000 pesos dependiendo el giro del negocio.
“Colima, entidad perdida en la agenda pública, seguido de Zacatecas y Quintana Roo, son los Estados más violentos del país en este desfile de extorsión que impregna a la República como el moho que provoca la corrosión, un verdadero cáncer donde lo más preocupante es que estamos transitando a un estadio de su normalización. Son pocos los países del mundo donde esta situación ocurre y en México, más allá de su evidente existencia, se está terminando de instalar en el contrato social, una suerte de resignación y aceptación reina en el ambiente, nos estamos dando por derrotados ante estos embates de criminalidad”, declaró Rivera.
Lo más grave no es el hecho mismo de la extorsión, sino que nos estamos acostumbrando a ella y cada vez la vemos con mayor naturalidad, como un fenómeno per se que ahí está, algo que se debe calcular a la hora de cualquier emprendimiento o apertura de negocio. Si alcanzas el éxito comercial con el que soñaste, al que te comprometiste y esforzaste en obtener, deberás entender y aceptar de antemano que hay que pagar un diezmo del 20% de tu utilidad a los delincuentes por ambas razones, por el derecho a trabajar y por el hecho de ganar dinero.
La pregunta que subyace es ¿cuál de las dos Haciendas del país tiene mayor vigencia y capacidad de cobro? El SAT de la Secretaría de Hacienda o el cobro de extorsiones de los halcones, soldados rasos de las pandillas de delincuentes. ¿Quiénes tienen mayor capacidad de persuasión al cobrar? A la luz de los hechos, la respuesta resulta obvia.
En el siglo pasado, estas actividades fueron emblemáticas e icónicas en países como Estados Unidos, con la mafia Siciliana en ciudades como Chicago, Nueva York, San Francisco. La extorsión era pan de cada día y los mafiosos la cobraban como un seguro de protección. A diferencia de ellos, los pandilleros mexicanos de la actualidad cobran la extorsión generando miedo y terror, no hay amabilidad ni engaño en su narrativa, aquí la sentencia es cruda: “o pagas el derecho de piso o te hago daño a ti, a tu familia y a tu negocio”. La extorsión del cobro de piso, amén del costo económico, provoca en la población zozobra e inseguridad, generándole daño psicológico, la gente vive con miedo y la mayoría de las veces no sabe cómo lidiar con estas amenazas.
Un cuadro deplorable sobre la extorsión es que la autoridad busca corregir llamando a la denuncia anónima; sin embargo, la conciencia popular tiene la idea de denunciar, eventualmente, saldrá más caro por la capacidad de infiltración y colusión que han demostrado tener estas corporaciones del mal. Luego entonces la gente piensa “no me conviene denunciar, me puede ir como en feria, me va a salir más caro el caldo que las albóndigas” y de ahí analiza sus opciones: a) pagar la extorsión, b) cambiar su negocio a otro punto o dirección, c) cerrar el negocio, d) un nuevo giro con menor exposición y riesgo. Todas estas son anclas, cadenas que poco a poco pesan más y bloquean el desarrollo productivo del país.
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