El concepto de greenshoring emerge como una estrategia clave: reubicar capital hacia procesos de producción más sostenibles en países que cuenten con regulaciones claras y estímulos para la reducción de la huella de carbono. Esta estrategia no solo responde a las exigencias ambientales actuales, sino que posiciona a México como un potencial líder en la transición hacia economías más verdes.
En un contexto global marcado por la urgencia climática y la reconfiguración de las cadenas de suministro, México se encuentra ante una encrucijada. Las recientes reformas constitucionales impulsadas por la administración de Claudia Sheinbaum en los artículos 25, 27 y 28, que redefinen el papel de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ofrecen una oportunidad única para alinear las políticas públicas con las tendencias globales de sostenibilidad y crecimiento económico.
En abril pasado, Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial, anunció inversiones por 13,600 millones de dólares en proyectos de energía renovable. Este compromiso no es menor, ya que podría convertir a México en un actor central en la producción de energía limpia y en un referente para las inversiones verdes en la región.
Para maximizar este potencial, México podría seguir el ejemplo de Alemania, que ha combinado políticas públicas ambiciosas con compromisos empresariales. En el sector automotriz, Alemania destinará entre 2024 y 2028 unos 280 mil millones de euros para el desarrollo de vehículos eléctricos, apoyados por incentivos de 1.5 mil millones de euros y préstamos del Banco Europeo de Inversiones (EIB) para proyectos de descarbonización. Este enfoque ha permitido a Alemania no solo mantenerse competitiva, sino también avanzar hacia una economía más limpia.
Sin embargo, México enfrenta desafíos significativos. Según Luis Ernesto Rojas, director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (Cofoce), el país carece de políticas públicas efectivas que impulsen a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) para integrarse a las cadenas de suministro globales. Esta falta de preparación podría limitar los beneficios del nearshoring y greenshoring, dejando a México como un simple ensamblador de bienes para otros países.
Además, factores como la inseguridad, la falta de estado de derecho y la incertidumbre en las reglas de inversión, señalados en el informe de KPMG México, representan barreras significativas para atraer capital extranjero.
A pesar de estos retos, estados como Nuevo León, Chihuahua y Querétaro destacan como piezas clave en una estrategia de sostenibilidad y relocalización. Nuevo León, con su infraestructura manufacturera y proximidad al mercado estadounidense, puede liderar el desarrollo de un “México Verde”. Querétaro, con su creciente enfoque en tecnología y logística, tiene el potencial de convertirse en un centro de digitalización y descarbonización de cadenas de suministro.
El diseño de un marco fiscal atractivo, junto con incentivos específicos, podría ser el catalizador para integrar las reformas constitucionales con el auge del greenshoring.
¿Está México listo para liderar?
El panorama está lleno de posibilidades. Con el compromiso de la administración de Sheinbaum de fomentar la inversión en energía verde y un enfoque estratégico en regiones clave, México puede consolidarse como un referente en sostenibilidad y crecimiento económico.
La pregunta sigue abierta: ¿podrá México implementar una política integral que combine reformas constitucionales, incentivos claros y el potencial de sus regiones estratégicas? El tiempo y la acción decidirán si el país puede aprovechar esta oportunidad histórica para trazar un futuro más verde, próspero y sostenible.
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