Con el objetivo de ofrecer de primera mano la opinión de los abogados sobre la reforma jurídica que el país requiere, Deloitte México llevó a cabo el estudio “Justicia pronta y expedita en México”, el cual está disponible para consulta.
El estudio, llevado a cabo durante el mes de agosto 2009, expone la percepción de abogados y funcionarios sobre aspectos relevantes en los procesos y procedimientos tramitados ante los órganos encargados de procurar y administrar la justicia en nuestro país. Otros puntos importantes son los relacionados a las pruebas que ofrecen las partes involucradas en un litigio, tales como los informes periciales, la prueba electrónica y la selección de los peritos, el desempeño de los juzgadores, así como las vías alternas para la solución de conflictos como lo son la medición y arbitraje. Es importante también la incidencia delictiva de tipo patrimonial y la solución de los mismos.
Las conclusiones se obtuvieron a partir del análisis objetivo de un cuestionario aplicado a 214 profesionales, de los cuales el 46 por ciento se desempeñan como abogados litigantes. Por otra parte, el 9 por ciento del total de la muestra, representa a funcionarios del sector público, cuya labor se relaciona con la impartición o procuración de justicia.
En opinión del Socio de investigación forense de Deloitte, Jorge R. Garcia Villalobos, en nuestro país se deben modernizar muchos de los procesos en la resolución de los litigios: “México es un país sobre regulado con un alto índice de impunidad, es decir, hemos creado leyes para todo, pero éstas no se aplican, lo que incita a la violación del marco legal ante la ausencia de sanciones reales. La autoridad tiene que empezar a aplicar las leyes de manera eficaz”, indicó.
Los ilícitos patrimoniales cada día son más complejos, sofisticados y en muchos casos involucran a actores que se encuentran en otros países, por lo que la autoridad que procura e imparte justicia, tiene que actualizarse y capacitarse para estar a la altura de las necesidades reales, por ello, es muy importante que se asesore de expertos externos en la investigación y resolución de los ilícitos financieros y patrimoniales. “En esta tarea las firmas consultoras podemos contribuir a que los procesos sean más confiables y eficaces”, afirmó el experto.
De acuerdo a la opinión de los encuestados, los informes periciales podrían mejorar si se contratan peritos con una mejor preparación, o en dado caso, se actualiza y capacita a los actuales. Otra solución sería personalizar los informes y utilizar un lenguaje más claro y sencillo en los mismos. Al respecto, el 44 por ciento considera que éstos presentan problemas de estructura y claridad, además de ser excesivamente parciales y de utilizar un lenguaje inadecuado.
En contraste con esta opinión de los abogados, el 45 por ciento de los funcionarios encuestados, consideraron que los informes son debidamente valorados y bastante claros para ser entendidos por el Ministerio Público.
Respecto a la eficiencia de la función de peritos y juzgados, el 56 por ciento de los abogados considera que los juzgadores no cuentan con la preparación técnica suficiente para valorar y entender el dictamen pericial, asimismo, la mayoría de los abogados y funcionarios estuvo de acuerdo en que el prestigio del perito o despacho es percibido como un valor añadido dentro del juicio.
Con porcentajes coincidentes, más del 50 por ciento de los abogados y funcionarios opinaron que en los próximos años los conflictos mercantiles se resolverán por la vía de la mediación o el arbitraje. De igual modo, creen que la resolución de conflictos a través del arbitraje, se incrementará en el futuro próximo, y que la medida para hacerlos más eficientes, sería fomentarlos, así como crear instancias de medición, asignación de árbitros calificados y la reducción de costos.
Sin embargo, sus opiniones difieren en cuanto a la existencia de condiciones necesarias para desarrollar esta figura, ya que el 44 por ciento de los abogados cree que no existen, mientras que la mayor parte de los funcionaron consideran que sí las hay.
Delitos patrimoniales
Más del 50 ciento de los entrevistados juzgaron que la situación económica actual provoca que se manifieste un mayor número de delitos patrimoniales. Además, perciben que las empresas prefieren investigar y resolver los casos internamente, con recursos propios, que hacerlo por vía judicial. En este rubro, el 70 por ciento de los abogados expresó que la legislación vigente dificulta la recuperación de los activos defraudados, mientras que el 50 por ciento de los funcionarios coincidió con esa opinión.
“En efecto, en épocas de crisis la presencia de los delitos patrimoniales es más fuerte”, apunta García Villalobos. “Esto no quiere decir que sólo se presenten en estos períodos, sino que en tiempos de contingencia económica, todos cuidamos más los recursos y nos preocupamos por reducir los costos de las empresas, buscando apoyos externos para la solución de los problemas económicos. La experiencia indica que en muchas ocasiones las operaciones de la empresa se llevaban acabo bajo un esquema de defraudación”.
Herramientas Eficientes
En cuanto al uso de la prueba electrónica en la gestión de litigios, el 60 por ciento de los abogados está de acuerdo en que cada día cobra mayor importancia, por lo que es necesario invertir tiempo y dinero para la recopilación de información, aunque más de la mitad piensa que, además de ser susceptible a alteraciones, no está correctamente contemplada en la legislación vigente y los tribunales no la entienden ni la valoran adecuadamente. Los funcionarios difieren de esta opinión, pues la mayoría cree que no es necesario invertir en esta forma de recopilación.
En general, la opinión de los entrevistados indica que es de suma importancia actualizar y capacitar al personal, así como aplicar reformas a la ley, de manera que se legisle adecuadamente la prueba electrónica. Otorgarle un valor jurídico a la prueba electrónica también fue considerado como una medida viable para adoptar el uso de la misma.
Por último, el estudio de Deloitte “Justicia pronta y expedita en México” indica que el 66 por ciento de los encuestados mencionó que una de las herramientas que más ayudaría en el litigio, son los sistemas de administración y prevención de delitos patrimoniales, seguido de la investigación financiera y la tecnología analítica forense.
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