Contar con una Ley Federal de Competencia Económica en México favorecería la competitividad y permanencia de misceláneas, panificadoras y tortillerías, frente a las grandes cadenas de supermercados, las cuales se convierten en depredadores de las zonas donde operan por sus prácticas abusivas, que van desde vender por debajo del costo hasta pagar a 120 días a sus proveedores.
De acuerdo con Iñaki Landáburu Llaguno, Director General de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM) desde hace 6 años dieron impulso a un proyecto de Ley de Buenas Prácticas Comerciales la cual fue finalizada mediante un Convenio inoperante, lo cual implica que las grandes cadenas de supermercados operen de manera ilegal y que las mismas autoridades mexicanas no las castiguen como por ejemplo en Estados Unidos; aunque el directivo señaló, básicamente estaríamos hablando de Wal-Mart.
Landáburu explicó que de acuerdo con expertos, las grandes cadenas de supermercados sólo declaran uno de cada tres empleados antes el IMSS, además de ser evasores fiscales y que impactan de manera negativa en las zonas donde operan, debido a que por cada tienda abierta cierran 7 pequeños negocios, lo cual implica un riesgo para 150 mil microempresas.
El directivo indicó: “no queremos que nos regalen nada las autoridades, pero sí exigimos que la competencia sea leal”, lo anterior ha ocasionado que en muchos casos las grandes cadenas ofertan por debajo del costo real, como “gancho” para atraer a los clientes aunque se cobren con otros productos.
Por último Landáburu, exigió a las autoridades de los tres Poderes de la Unión y niveles de gobierno, así como a los candidatos al Ejecutivo Federal y a las Cámaras de Diputados y de Senadores, aplicar las normas vigentes para perseguir y castigar la corrupción descubierta, en que han incurrido las grandes cadenas comerciales de autoservicio.
De igual forma, sostuvo, someten a los pequeños y medianos productores locales a sus prácticas comerciales abusivas, como la aplicación de descuentos y cargos manejados unilateralmente en detrimento del productor, entre otras, y que sólo recargan en el costo final al consumidor en el canal tradicional.
Según un estudio de la Universidad Tecnológica de México (Unitec), coordinado por el profesor Fernando Flores, se identificó que el año pasado sólo el 54% de los más de 412 mil empleados que declararon tener tres de estas cadenas comerciales, estaban registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que más de 222 mil empleados carecían del derecho consagrada en nuestra Carta Magna.
Por su parte, Alejandro Cuadra Ordorica, presidente de la ANAM, dijo que la asociación cuenta con más de 130 agremiados dedicados a la comercialización y distribución de productos alimenticios, de higiene personal y del hogar, que representa el 46.7 por ciento del canal abarrotero del país, conformando la mayor fuerza de distribución alimentaria de México, y el año pasado tuvieron ventas por 115 mil 538 millones de pesos anuales, lo cual representa el 1.26% del PIB nacional y del 7.98% del PIB del sector comercio.
Fernando Heredia
Información relacionada
[tubepress views=”false” title=”false” length=”false” video=”i-bJ7F7yMLQ”]
