Todo esfuerzo en reducción de trámites tiene un impacto favorable en la competitividad y el combate a la corrupción. En competitividad, porque entre menos tiempo invierta el funcionario gubernamental o el ciudadano al realizar los trámites, se tendrá más tiempo disponible para enfocarse a actividades productivas que generen riqueza. En combate a la corrupción, porque entre menos pasos existan para realizar los trámites se reducen las posibilidades de que un funcionario pueda valerse de ellos para extorsionar o sobornar a los ciudadanos.
Sin embargo, esta reforma regulatoria no tendrá un impacto real si los Estados y los municipios no hacen lo propio. El cuello de botella en tramitología no está a nivel federal sino a nivel municipal. El Gobierno Federal ha tenido desde hace algunos años buenos avances en la materia, no así en todos los Estados y municipios. Sin la coordinación de los distintos niveles de Gobierno (Federal, estatal y municipal) para homogeneizar y compartir la información, será muy complicado tener un impacto real en la competitividad y el combate a la corrupción.
Las ventanillas únicas han sido un gran avance al respecto, pero no es suficiente. Hay municipios en México que están al mismo nivel que los países desarrollados en cuanto a facilidad para realizar trámites y otros que están muy atrasados, al grado de no tener la infraestructura tecnológica como para poder tener una base de datos básica y confiable de las personas que realizan los trámites. Sin una información confiable en los municipios, el avance en eficiencia y transparencia será demasiado lento o nulo.
Algunas sugerencias para solucionar el problema son:
1) Dotar a todos los municipios de la infraestructura tecnológica básica para poder realizar su labor
2) Impulsar medidas como la ventanilla única con el enfoque de coordinación entre los distintos niveles de gobierno
3) Fomentar un piso de eficiencia entre los Estados para todo el tema de tramitología, esto incluye homogeneizar la información y poder compartirla entre los distintos departamentos y niveles gubernamentales,
4) Transparentar procesos para que la ciudadanía pueda evaluar a sus servidores, y
5) Compartir buenas prácticas entre los distintos niveles de gobierno para acelerar el aprendizaje y su implementación.
Marco Iván Escotto Arroyo, profesor de Filosofía y Empresa y Director Adjunto del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional, sus áreas de especialización son: Combate a la corrupción, Responsabilidad Social, Ética empresarial y Antropología filosófica.