A menos de un año de que entre en vigor a plenitud el nuevo sistema de justicia adversarial con juicios orales, existe rezago en capacitación e infraestructura en México, aunque el 80% del presupuesto se destine a la readaptación de salas de juicios y no en la preparación del personal.
La infraestructura está sobrevalorada y los precios por adecuación de instalaciones presentan sobreprecios de hasta el 300% por lo que se soslayan inversiones en la capacitación de jueces, peritos, Ministerio Público, policías y todos los involucrados en el poder judicial.
Ante esto, se prevé que el porcentaje de impunidad ascienda al 80% por fallas o deficiencias en el sistema de impartición de justicia y que el ciudadano “carezca de certeza jurídica”.
Las salas para juicios orales están sobrevaluadas y absorben prácticamente el presupuesto destinado a poner en marcha el nuevo sistema de justicia, por lo que la capacitación es la que mayores rezagos presenta.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) apoyó a diferentes entidades con recursos para adecuar la infraestructura de las salas de audiencias para el nuevo sistema de justicia. Sin embargo, son recursos que en muchas ocasiones no se transparentaron y ahora, a menos de un año de que entren en vigor totalmente los juicios orales. Ya que no existen las condiciones para ello y en Veracriz, por ejemplo, están perdidos 200 millones que se enviaron desde hace tres años para esto.
En general, la infraestructura presenta costes hasta 300% arriba de los precios reales y mientras esto ocurre no se tiene una partida para capacitar a todos los involucrados de este nuevo sistema de justicia adversarial.
Se desconocen inclusive las etapas que se siguen en el juicio oral y los nuevos roles que deberán desempeñar desde policías, peritos, ministerio público y jueces. Pues se antepuso infraestructura a capacitación y los costes para la primera presentan sobreprecios millonarios.
Actualmente, solo seis estados operan al 100% el nuevo sistema, cuatro de cada 10 mexicanos no está cubierto por el mismo, faltan leyes nacionales para que funcione bien, además de capacitación y millones de pesos.
En una escala del 1 al 10 el avance en la implementación de la reforma a nivel nacional es de 5.9, o lo que es lo mismo, inferior al 60 por ciento, de acuerdo con un indicador oficial elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo de Implementación del Sistema de Justicia penal (SETEC), a partir de la proporción de mexicanos que viven en sitios donde los juicios orales ya están en marcha.
Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista
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