La contingencia por el COVID 19 es ya una realidad que afecta a millones de PyMEs en el país. A raíz del ambiente de incertidumbre que genera un problema como éste, además de las medidas de prevención anunciadas por las autoridades (que limitan el contacto y convivencia de grandes grupos de personas), es claro que las ventas de estos negocios se ven ya disminuidas. Y eso, por supuesto, no es bueno para la economía nacional.
Para entender su importancia, va aquí un dato: apenas en 2018, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) calculaba en poco más de 4 millones 57 mil, el número de estas unidades económicas; a su vez, también estimaba en 52% su participación en el PIB nacional, generando 7 de cada 10 empleos en el país.
Y es que no estamos hablando de números; sino de empresarios, trabajadores y sus familias, que ven cómo sus fuentes de empleo e ingreso están en un riesgo palpable. Desde una visión más humana, es claro el llamado que hay que hacer para entender -de cerca- su preocupación por lo que ocurre y su urgencia por encontrar una solución.
Afortunadamente, en este sentido, han salido ya muestras de apoyo de diversos frentes (públicos y privados) que han buscado aminorar el problema que se avecina. Por ejemplo:
*Algunos bancos e instituciones financieras en el país anunciaron ya planes de prórroga
-hasta por seis meses- para sus clientes que estén cubriendo un crédito con ellas.
*El gobierno federal y algunos mandos estatales otorgarán préstamos con tasas mínimas de interés en apoyo para los pequeños negocios. Lo destacable en esto es que serán otorgados “a la palabra” del solicitante, sin ninguna garantía, además de que podrán pagarse hasta en tres años.
*También, las sofomes han dado a conocer la apertura de más líneas de crédito para pequeñas empresas que sumarán unos 20 mil millones de pesos para este propósito.
Todo esto, en una primera lectura, son buenos esfuerzos por contrarrestar los efectos negativos que se esperan por esta crisis para las pymes; sin embargo, deben ser sólo el primer paso de un plan de acción más elaborado, donde se plantee -de una forma más clara y objetiva- cómo estos millones de negocios en el país van a rescatarse.
Por supuesto, la tarea no es sencilla. Llama la atención, por ejemplo, la negativa de la Secretaría de Hacienda por extender -hasta ahora- el plazo para presentar las declaraciones anuales. Un contexto como el que hoy vivimos, requeriría una mayor comprensión -por parte de las autoridades fiscales- de dar más tiempo a estas empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias.
Mientras se anuncian nuevas medidas en pro de las pymes, es fundamental brindarles también asesoría financiera y fiscal para las próximas semanas. De nuevo, el sector público y privado, tenemos la obligación de unir esfuerzos para apoyarlas con conocimiento y estrategias; además, el impulso de adopción de nuevas tecnologías y su digitalización, será una inversión que deban contemplar como algo necesario, después de la contingencia.
Con esto, el llamado está en no dejar sin amparo a las pymes en el país: que, como ya hemos visto, soportan la economía nacional a través de su actividad productiva. Su rescate debe ser prioritario en el plan de acción de la agenda nacional; no advertirlo o no tomar acción, nos costaría muy caro para todos los mexicanos.
Habrá que estar pendientes.
Por: René Torres, presidente y director general CONTPAQi
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