La extorsión a empresas ha ocupado un lugar importante de la opinión pública durante las últimas semanas, tanto por el crimen organizado como por la corrupción a que existe a nivel administrativo para regular empresas y establecimientos comerciales.
El soborno es un mal al que se enfrentan las empresas mexicanas. Recientemente la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, denunció que el monto por soborno para que no los clausuren puede llegar a ser de hasta un millón de pesos. Si bien este acto de corrupción tiene un origen complejo, puede comenzar a amortiguarse ejecutando cambios a nivel administrativo.
El problema de control de los establecimientos no se soluciona con un cambio de leyes, sino otorgándoles a los funcionarios locales los medios adecuados y suficientes para realizar su trabajo. El problema en muchas delegaciones y municipios es que no se tiene la información suficiente y confiable como para tomar decisiones. ¿Sabemos cuántas delegaciones del DF tienen la infraestructura y personal necesario para responder ante estas necesidades?
Dotar a las delegaciones y municipios de computadoras y sistemas de información ágiles, ayudaría a disminuir mucho el problema de corrupción en estos lugares. Entre los trámites que se deben realizar en la apertura de una empresa está la Licencia de Funcionamiento, un permiso que extiende la autoridad local. Las Licencias de Funcionamiento son un mecanismo de control del tipo de establecimientos que se tiene y se quiere tener en una localidad.
En el estudio Municipal Scorecard, realizado por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional del IPADE para el International Finance Corporation, nos dimos cuenta que muchos municipios (incluyendo las delegaciones en la Ciudad de México) tienen una infraestructura (computadoras y sistemas de Tecnologías de la Información) muy pobre.
Esto impacta directamente en una información poco confiable, además de lentitud y atrasos a la hora de consultar esa información. Si no se tiene la capacidad de capturar esa información en computadoras y administrarla por medio de un sistema de consulta, el tenerla físicamente (el papel que se llena) vuelve ineficiente y costoso el sistema. Costoso porque el simple almacenamiento de documentos implica ocupar grandes espacios, además de contratar personal para su manejo. Ineficiente porque consultar esa información requiere mucho tiempo si es que el documento no está perdido o dañado.
Dado que el problema de corrupción es multicausal, este sería una de las acciones que se deben hacer. Otras serían:
1) Un mejor control en la contratación del personal que supervisa el cumplimiento en los establecimientos
2) Supervisión externa a las delegaciones en procesos y resultados en cuanto al cumplimiento de las normas legales (involucrar a las Universidades y a ciudadanos podría ser una buena opción)
3) Hacer pública (internet) toda la información respecto a las normas vigentes y los resultados de la supervisión
4) Instaurar un buzón de denuncias de abusos de los supervisores a locales de la zona, que no depende de la Dirección directamente involucrada (incorporar a ciudadanos en esta medida también es una opción).
La prohibición y limitación de horario no va a resolver el problema, pues la gente va a consumir en otros lugares. El objetivo es disminuir lo más posible el impacto negativo de los altos consumos de alcohol en esos lugares, y eso no se logra limitando el horario.
Marco Iván Escoto Arroyo es profesor de Filosofía y Empresa y Director Adjunto del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional. Sus áreas de especialización son: Combate a la corrupción, Responsabilidad Social, Ética empresarial y Antropología filosófica.
