Para los altos directivos de las compañías internacionales asentadas en América, el futuro de la tributación internacional está definiéndose. El proyecto para combatir la Erosión de la Base Fiscal y la Reubicación de Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés), está en pleno apogeo y tendrá una duración de dos años.
Diferentes países de América Latina están incluyéndose en el debate alrededor del Plan de Acción BEPS, al tiempo que se ven impactados por los profundos cambios de tributación internacional que se encuentran en revisión, de acuerdo con la Encuesta sobre el Plan de Acción BEPS de la OCDE 2014, un informe que engloba las tendencias sobre la política fiscal en evolución en la región, realizado por KPMG International, red global de firmas multidisciplinarias que proveen servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.
“A pesar de los esfuerzos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por reunir a una amplia gama de países con intereses en conflicto, para que se pongan de acuerdo sobre los principios fiscales internacionales, existe un alto riesgo de que la adopción del plan se fragmente entre los países”, indica Agustín Vargas, Socio Líder de Impuestos Corporativos de KPMG en México. “El plan es ambicioso y será difícil alinear los enfoques de tributación de tantas naciones, en especial, dadas sus diferentes economías y etapas de desarrollo”.
¿Cómo ha actuado México ante el Plan de Acción BEPS?
Algunos países como México, se han adelantado decretando la legislación fiscal en áreas relacionadas con BEPS, con base en anteproyectos legislativos sometidos a una discusión preliminar. Medidas como el “Acuerdo de Certidumbre Fiscal” muestran que el gobierno actual está interesado en atraer a los inversionistas en el nuevo marco fiscal.
“El Acuerdo de Certidumbre tiene como objetivo fomentar la estabilidad fiscal y el crecimiento económico, al brindar a los contribuyentes la seguridad de facilitar la toma de decisiones y planeación de sus negocios”, destaca Agustín Vargas. “Sin embargo, esto no evita que las autoridades fiscales mexicanas emprendan acciones legislativas contra BEPS; por ejemplo, a través de la renegociación de tratados, la modificación de normas y la adopción de nuevas medidas administrativas”, agregó.
¿Cómo están respondiendo los gobiernos en América Latina ante el Plan de Acción BEPS de la OCDE?
La encuesta de KPMG muestra que el grado de compromiso entre los países en América, va del compromiso total hasta la falta de participación:
– Los países miembros tanto del G20 como de la OCDE tienen un gran compromiso y dan a conocer sus perspectivas, a medida que las propuestas de BEPS toman forma
– Los nuevos miembros de la OCDE en la región, como Chile (que ingresó en 2010) y Colombia (que está en proceso de adhesión al organismo), participan de manera similar a las economías con más antigüedad en el organismo
– Es probable que los países que aspiran a ser miembros de la OCDE, como Costa Rica y Perú, sigan los lineamientos de la OCDE, como parte de sus esfuerzos por desarrollar sus sistemas fiscales y financieros
– A la mitad del espectro, se encuentran países del G20 como Brasil y Argentina, que están en diálogo con la OCDE, puesto que elegirán y decidirán adoptar solo los aspectos de las propuestas de BEPS que se adapten a sus propósitos nacionales
– Muchos de los países en desarrollo de la región muestran poco interés en el proyecto de la OCDE. Con escasa inversión extranjera directa, baja actividad internacional y sistemas de tributación menos desarrollados, estas naciones no ven BEPS como una prioridad
Los países en desarrollo necesitan ayudar a construir la capacidad legislativa y administrativa para establecer y hacer ejercer normas de alta complejidad y convivir con compañías internacionales asesoradas y con experiencia global.
José Manuel Ramírez, Socio Líder de Impuestos Internacionales de KPMG en México, señala que: “algunas inquietudes importantes de los países en desarrollo, han sido consideradas en los entregables del Plan de Acción. Por ejemplo, las modificaciones a la propuesta original en materia de precios de transferencia; también, los cambios en la información que originalmente se proponía incluir en el modelo de reporte país por país, que se planea presentar ante las administraciones fiscales en donde las multinacionales operan”.
La OCDE indica que es necesario intensificar el compromiso de los países en desarrollo para diseñar soluciones e implementar la legislación. “Ninguno de los países participantes en la iniciativa ha manifestado de forma expresa, a la fecha, su no adhesión al proyecto; sin embargo, de una manera u otra, pasarán varios años para que se conozca el impacto total del proyecto (a nivel global y nacional)”, indica José Manuel Ramírez.
Este tema se discutió en el marco de la Cumbre de Impuestos de KPMG en América Latina 2014, en la que se reunieron más de 100 altos directivos de Impuestos junto con los especialistas globales y regionales de KPMG, para identificar las tendencias y cambios fundamentales en la región, con el fin de aprovechar las oportunidades y superar los retos que estos provoquen en las organizaciones.