México se enfrenta a desafíos importantes al promover el desarrollo sostenible en el contexto del clima cambiante. Así las cosas, la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO, por sus siglas en inglés) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) se han unido para realizar una revisión de los marcos legales emergentes en México que abordarán el cambio climático.
El resultado es el Informe de Evaluación de Preparación Legal (LPAR, por sus siglas en inglés), un documento que detalla la preparación legal requerida para el cambio climático y el fomento al desarrollo rural en México y que registra las historias detrás de los esfuerzos y las lecciones aprendidas en ese país, tanto a nivel nacional, como subnacional y rural.
“Se espera que los impactos del cambio climático en México afecten a sectores clave que brindan sustento y son fuente de medios de vida para la población. Los rendimientos agrícolas bajos y el abastecimiento no confiable de agua son factores en particular que amenazan las necesidades básicas, tanto de los residentes urbanos como los de las comunidades rurales e indígenas,” afirmó Enrique Murguia, Gerente del Programa del FIDA en México.
Dados los desafíos, México ha asumido un rol de liderazgo internacional al abordar el tema con enfoques de adaptación serios, participación en esquemas de mitigación y financiamiento climático.
“Los gobiernos nacionales y subnacionales de México han iniciado un proceso proactivo para formalizar sus objetivos en las estrategias de cambio climático que se concentran en el desarrollo rural, planificación del uso de la tierra y gestión de recursos naturales,” afirmó la profesora Marie-Claire Cordonier Segger, Gerente de las Programas de Derecho del Desarrollo Sostenible del IDLO. “Esas estrategias también buscan crear un marco legal e institucional facilitador que dé respuesta al tema complejo del cambio climático para salvaguardar los desarrollos equitativos y seguros.”
A pesar de los avances institucionales y de política pública a nivel federal, el ámbito legislativo federal no ha marchado con la misma velocidad. Aunque en la actualidad se cuente con tres iniciativas de ley en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, México todavía carece de una legislación federal en materia de cambio climático.
Según el informe, “la Ley de aguas nacionales, la Ley federal de derechos, la Ley de desarrollo rural sustentable, la Ley agraria y la Ley general de desarrollo rural sustentable son las principales leyes en materia de fomento al desarrollo rural que deben ser reformadas para incluir entre sus preceptos criterios de adaptación y mitigación ante el cambio climático.”
El LPAR es la primera fase de la iniciativa IDLO más amplia para la Preparación Legal para el Cambio Climático en América Latina, misma que brindará apoyo en la construcción de capacidades para más planificación e implementación de reformas legales e institucionales en los años venideros.
“Ya está en marcha la segunda fase en la que se evaluarán con mayor detalle los desafíos y oportunidades en varios estados importantes de México,” afirmó Cordonier Segger. “Además, otros países de América Latina, como Colombia y Ecuador, pronto tendrán Informes de Evaluación de Preparación Legal similares.”
Redacción pymempresario
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