Debido a las deficiencias institucionales de las procuradurías y las policías, que no cuentan con las capacidades de investigación criminal necesarias para llevar a los criminales ante la justicia y por las fallas de coordinación entre ambas, la sustentabilidad del Sistema de Justicia corre peligro, dijo María Novoa, Directora del Área de Justicia de CIDAC.
A un año de su entrada en vigor, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio todavía requiere de reformas legislativas para su consolidación, que corren el riesgo de ser desvirtuadas por una iniciativa que plantea retrocesos en sus normas y principios, advirtieron investigadores de CIDAC durante la presentación de su reporte Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México.
“Estamos en una encrucijada”, advirtió Edna Jaime, Directora General de CIDAC y México Evalúa. “Sabemos que la adecuada operación del sistema de justicia penal va a requerir más tiempo y que todavía necesita de reformas para garantizarla, pero ya han surgido propuestas legislativas que pretenden endurecer las normas procesales del sistema acusatorio en busca de una mayor eficiencia en la persecución delictiva, y representarían una contrarreforma. No podemos dejar que esto suceda”.
Destacó también la ausencia de esfuerzos de mejora continua con el objetivo de consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como la falta de coordinación y planeación integral en la operación del mismo, tanto en el ámbito federal como en el local.
“Es importante resaltar que hemos detectado grandes variaciones en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio entre entidades. Esto significa que, con voluntad política, se puede avanzar en su consolidación”, expresó.
Al respecto, el documento que analiza la operación del Sistema a nivel federal, también presenta un ranking de los estados en función de su avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el que Guanajuato, Chihuahua y Baja California destacan en las tres primeras posiciones.
No obstante, para alcanzar el nivel óptimo en la operación del sistema de justicia, es necesario que se lleven a cabo distintos esfuerzos de política pública. Con este objetivo, CIDAC plantea una Estrategia para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que incluye las siguientes acciones:
Creación de una instancia técnica interinstitucional y nacional: Conformada no sólo por representantes de los tres poderes de gobierno sino también por funcionarios de instituciones que, hasta ahora, no han jugado un rol relevante en la implementación del sistema, como las defensorías, loa poderes judiciales locales y el sistema penitenciario.
Atención a los vacíos y las brechas del proceso de implementación: Se debe fortalecer las unidades de seguimiento a medidas cautelares a nivel estatal y federal e integrar el sistema penitenciario en el proceso de implementación de la reforma penal.
Planeación integral para la mejora continua: Para coadyuvar a la articulación y ejecución de las políticas públicas sectoriales con un enfoque sistémico.
Aprobación de las reformas legislativas pendientes: Para corregir las deficiencias en materia de prisión preventiva de oficio y vinculación a proceso, así como para resolver las contradicciones con el régimen de excepción para delincuencia organizada.
Creación de mecanismos homologados de evaluación: Se deben generar mecanismos de seguimiento y evaluación institucionalizados homologados a nivel nacional.
Implementación de un servicio profesional de carrera en la práctica:La cantidad de personas capacitadas durante los años de implementación de la reforma resultará irrelevante si no se garantiza la profesionalización y especialización de estos operadores.
“Hoy la expectativa es que, después del proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, todas las instituciones involucradas cuenten con las condiciones y capacidades óptimas para una operación eficaz, eficiente y que garantice el acceso a una justicia de calidad de las víctimas e imputados. Si bien la realidad se encuentra lejana del ideal prometido cuando se aprobó la reforma en 2008, se han registrado algunos aciertos, que deben marcar el camino hacia adelante”, expresó María Novoa.
También participaron en esta presentación Birgit Lamm, Directora Regional de Latinoamérica de la Fundación Naumann, que financió la elaboración del reporte, Joel Salas, Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Miguel Sarre, académico del ITAM.
Redacción
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