México cuenta con una amplia y diversa cartera de mecanismos para financiar la infraestructura, que está disponible tanto para el sector público como para el privado. El mercado ha evolucionado positivamente, por lo que hoy en día existen múltiples instrumentos, desde los tradicionales hasta los más novedosos.
Este escenario cobra relevancia si se toma en cuenta que México, la segunda economía más grande de Latinoamérica, tiene rezagos en materia de infraestructura, una situación que pudiera poner en riesgo el aprovechamiento de los esfuerzos hechos por las autoridades por impulsar reformas en aras de atraer capitales y potenciar el desarrollo nacional.
Hoy en día hay alternativas financieras que pueden mitigar el impacto de las reducciones presupuestales del gobierno, aumentar la participación del sector privado –y con ello, las oportunidades de negocio- e impulsar las potencialidades del país.
Quizá el instrumento de financiamiento de infraestructura con capital o participación privada más conocido, al alcance de los gobiernos, son las Asociaciones Público Privadas (APP) en cualquiera de sus modalidades. Adicionalmente, existen otros instrumentos igualmente útiles como los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (fibras), el fideicomiso de inversión en energía e infraestructura (Fibra E), el financiamiento bancario y las colocaciones públicas, por mencionar algunos.
La vía de las APPs
La figura de la Asociación Público Privada ha sido ampliamente usada en México y en los últimos años ha recibido un impulso importante. Además, con la promulgación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se esperan más proyectos con mayor participación privada, inversión y responsabilidad en sectores como salud, seguridad pública y educación, por mencionar algunos.
Las APPs permiten construir de manera rápida las obras que la federación o los gobiernos estatales y municipales requieren para alcanzar sus compromisos, brindar bienestar a la población y fomentar el desarrollo económico. Es importante tomar en cuenta que este mecanismo suele implicar contratos relativamente complejos, en los que deben establecerse especificaciones, garantías, actividades, niveles de servicio y mecanismos de supervisión.
Otra alternativa relativamente joven es el fideicomiso de inversión en bienes raíces e infraestructura (Fibras), que consiste en la monetización de aquellos activos que ya generan dinero. Por ejemplo, hoteles, centros comerciales, aeropuertos, tramos carreteros o vialidades de cuota propiedad de estados y municipios, gasoductos, acueductos y refinerías que generan rentas, por ejemplo.
En la actualidad, son utilizados por las empresas privadas, aunque, sin duda, podrían ser aprovechados por las nuevas empresas productivas del Estado. Las fibras, de las que hay varias listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), colocan bonos y certificados entre los inversionistas institucionales y el gran público, quienes obtienen la liquidez necesaria para financiar el desarrollo de nuevos activos.
De este instrumento, se desprende la Fibra E, una iniciativa de reciente data ideada para contrarrestar la caída en los precios internacionales del petróleo y la volatilidad en los mercados energéticos, y que permitirá a las empresas del sector obtener recursos para concretar sus planes de inversión.
Su función es monetizar instalaciones del sector energético que están generando recursos económicos; la meta es proporcionar la liquidez que, posteriormente, funcionará como un mecanismo para financiar otros proyectos. Refinerías, petroquímicas, centros de distribución, oleoductos y plantas eléctricas son ejemplos de activos que son promovidos a través de este vehículo.
Opciones clásicas y efectivas
Por otra parte, está el financiamiento tradicional a través de la banca privada y de desarrollo, un modelo utilizado con frecuencia por los gobiernos y empresas. Los sectores público y privado pueden recurrir a esta opción, puesto que la mecánica es bien aceptada, relativamente sencilla, con costos, riesgos y plazos conocidos de antemano y con la posibilidad de crear competencia entre los financiadores en beneficio del costo del financiamiento. Para el caso concreto del sector público se debe atender a la normatividad vigente en materia de endeudamiento público.
Cada uno de estos vehículos tiene ventajas y desventajas. Tomar la decisión de escoger cuál es la mejor opción es una tarea que requiere una metodología detallada, tanto desde el punto de vista de quien la promueve como de los consorcios interesados.
Los aspectos a tomar en cuenta en la búsqueda de financiamiento son los siguientes:
- Análisis del entorno nacional e internacional
- Evaluación de la viabilidad y conveniencia de la obra
- Integración al plan de negocio y las estructuras
- Asistencia antes y después de la convocatoria a licitación
- Definición de la fuente de financiamiento más conveniente
Las entidades responsables -gobierno y empresas- necesitan recursos económicos, por lo que deben evaluar los mecanismos de financiamiento del mercado, contando con la asesoría adecuada para definir el instrumento financiero más conveniente.
Es vital que las empresas presten especial atención a la hora de escoger cuál es el mecanismo que mejor respalda la obra que comenzarán, considerando elementos como el análisis de riesgos, la evaluación de responsabilidades y la planeación operativa. El acompañamiento multidisciplinario en todas las etapas de un proyecto de infraestructura, desde el concurso hasta el final de la construcción, es fundamental tanto para el éxito del país que disfrutará la obra, como para la empresa detrás de ella.
Ignacio García de Presno, Socio Líder de Asesoría en Servicios de Infraestructura de KPMG en México
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