“Entre derecho y justicia, un transformador, un liberador, un revolucionario opta por la justicia […] El conservadurismo opta por el derecho; el liberador —y somos parte de un movimiento transformador— opta por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario”
Estas fueron las palabras del diputado Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, durante el debate en el que se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, e ilustra el estado del debate político mexicano. En los últimos meses, Morena ha tomado posiciones unilaterales para impulsar sus proyectos políticos, anticipando las próximas elecciones del 6 de junio, en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados. Muchos de estos avances han llevado a conflictos políticos y judiciales casi constantes.
Un escenario complejo para las TIC
En este contexto complejo, es necesario señalar que las TIC no han sido hasta ahora una prioridad para el gobierno. Su mayor esfuerzo se limita al programa Internet para Todos, que busca mejorar la conectividad en zonas rurales, en especial para poblaciones con menos de 250 habitantes, pero no alcanzará solo con eso para que el país se desarrolle digitalmente.
Contar con una Estrategia Digital Nacional es fundamental para coordinar esfuerzos, fomentar el diálogo dentro del ecosistema digital y aprovechar las ventajas que las diversas TIC ofrecen, en especial para impulsar el crecimiento económico en un contexto post-pandemia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a quien le correspondería la emisión de la Estrategia Digital Nacional, está ausente del tema. Agravando el problema, por razones de austeridad presupuestaria, desapareció a quien podría haber trabajado en la Estrategia, la Subsecretaría de Comunicaciones.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha tomado un rol de promotor de las TIC. Actualmente, por ejemplo, intenta promover acciones en conjunto con la industria automotriz para el impulso de 5G, smart mobility y autos conectados, favoreciendo un entorno regulatorio flexible que impulse la adopción y uso de la tecnología. Sin embargo, la iniciativa no es acompañada por el Gobierno Federal, que en consecuencia no le otorga al regulador fondos adicionales para avanzar.
De hecho, el financiamiento es cada vez más limitado para el IFT, una herramienta de control de la que dispone el Presidente López Obrador, mientras expresa que los órganos autónomos representan un alto costo para el país.
Reacciones legislativas
Ante la ausencia de Estrategia Digital Nacional, y un vacío de iniciativas de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo está impulsando proyectos de ley para atender temas urgentes como regulación de mercados digitales, ciberseguridad y protección de datos personales. Varias iniciativas, presentadas en los últimos meses, se analizarán durante el próximo período legislativo que inicia en el mes de septiembre.
Para ese entonces, las elecciones del mes de junio estarán decididas y es probable que Morena obtenga una mayoría parlamentaria. Cómo vaya a administrar el partido de gobierno esa situación, y cómo vaya a avanzar respecto de la agenda digital, aún son incógnitas.
Lo que sí es seguro es que la tecnología solo podrá impulsar al desarrollo del país en un entorno que permita la realización de inversiones y la innovación. El reto para Mexico es impulsar que las nuevas leyes, y las nuevas regulaciones que afecten el sector TIC tengan esto siempre presente, más allá de los vaivenes de la política local.
Fernando Borjón, Ex Comisionado del IFT a nombre de Access Partnership
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