En el documento “¿Exportar la corrupción? Informe 2012 sobre avances conseguidos por los países en la implementación de la Convención de la OCDE contra el Soborno”, se explica que desde su ratificación en 1999, México sólo ha sido sancionado por un caso, pues se advirtió que las medidas para prevenir y castigar este acto han sido limitadas.
Esto es cierto sobre todo en comparación con Estados Unidos, principal socio comercial del país, donde se observa el nivel más alto de corrupción, con 275 causas concluidas hasta fines de 2011; o Alemania donde se han completado más de cien casos.
Por lo anterior el organismo recomienda, como mecanismo central para avanzar en el cumplimiento de esta Convención y otros instrumentos anticorrupción, que México incluya la responsabilidad penal de las empresas, tanto para las mexicanas que operan al interior y al exterior del país, como a las extranjeras operando en territorio nacional.
También que atienda con mayor prioridad y velocidad las investigaciones y casos de soborno internacional, así como asegurar una mayor coordinación entre los tres distintos niveles de gobierno. Y es que sólo existen en nuestro país dos investigaciones en curso, que fueron iniciadas en 2004 y 2005 respectivamente, ambas por aviso de autoridades extranjeras
De acuerdo con Transparencia Internacional, México debe seguir el modelo de otras naciones donde cada vez más procesos por soborno se resuelven con multas y acciones penales, además del desprestigio que estos casos suponen para las empresas.
A nivel mundial se destaca que se registraron 144 nuevos casos iniciados en 2011; la cantidad total de casos procesados en 37 de los principales países exportadores aumentó de 564, a finales de 2010, a 708 al término del año 2011, con un adicional de 286 investigaciones en curso.
Según la OCDE, hasta fines de 2011 más de 250 personas y casi 100 empresas recibieron sanciones en el marco de causas por soborno iniciadas en países que son parte en la Convención de la OCDE. En estos países, 66 personas han recibido penas de prisión por haber sobornado a funcionarios en el extranjero durante operaciones comerciales.
Para continuar con buenos resultados, el informe insta a los gobiernos a adoptar medidas para disuadir a las empresas de cometer estos delitos y fomentar la transparencia en los negocios. “Es fundamental evitar que, debido a las condiciones de la crisis económica, los gobiernos se vean tentados a frenar la implementación, y que las empresas procuren conseguir una ventaja ilegítima en los mercados globales”, aseveró Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional.
Cabe señalar que la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales fue adoptada en 1997, comprometiendo a los gobiernos a penalizar el soborno transnacional.
Ariadna Cruz
