Los tianguis o puestos ambulantes, aunque son la fuente de trabajo de muchas personas, implican obstrucción peatonal, vehícular, incumplimiento de obligaciones fiscales, contaminación, entre otras cosas.
Es por esta razón que el presidente de la COPARMEX CDMX, Jesús Padilla Zenteno se pronunció a favor de la regulación del comercio informal al considerar que constituye una competencia desleal para quien cumple con las obligaciones de ley.
Durante la presentación del Informe Especial “El trabajo informal en el espacio público de la Ciudad de México. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos” realizado por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el dirigente empresarial aseguró que existe el respeto a su derecho a trabajar, pero ellos deben respetar también el derecho a transitar.
“Nosotros preferimos que el comercio sea legal y a la vez formal”, destacó el dirigente y dejó en claro la posición de la Confederación Patronal de la República Mexicana sobre abrazar cualquier iniciativa de formalización del comercio en la vía pública. “Así como asumimos el respeto de quienes realizan actividad comercial en la vía pública, estas personas están obligadas a respetar a los transeúntes, automovilistas y comercio establecido”.
El dirigente empresarial observó el persistente contraste entre alguien que realizó todos los trámites correspondientes para abrir un negocio formal y, después de muchos meses y dinero invertido, dejen poner afuera de realiza su actividad, un puesto donde venden los mismos productos.
Asimismo, Padilla Zenteno hizo énfasis precisamente en uno de los temas donde la COPARMEX a nivel local y nacional han sido punta de lanza: el combate a la corrupción y la impunidad, al subrayar que no existe un solo comerciante en la vía pública que no aporte una cuota al dirigente, al líder o al inspector de vía pública, lo cual se circunscribe en la arista del respeto a los derechos humanos.
El dirigente agregó que COPARMEX asume el compromiso de buscar la mejora de los núcleos de actividad informal, bajo la premisa de la reglamentación y ordenamiento con base a las normas vigentes, con total respeto a los derechos humanos de quienes dependen de esta actividad.
Padilla Zenteno añade: “creemos que la regulación excesiva, la exigencia de pagos elevados, cuotas, multas o extorsiones, el renovar permisos y licencias, los altos costos derivados de la generación de empleos formales y las complicaciones de los emprendedores para echar a andar micros, pequeñas y medianas empresas, afectan a estos trabajadoras y trabajadores y los motivan a trabajar por su cuenta”.
Se dijo convencido de la necesidad de la participación del Gobierno local y los sectores productivos para generar propuestas y políticas públicas que permitan reconocer legal y socialmente la actividad de comerciar o prestar sus servicios en los espacios públicos.
También advirtió la imperante necesidad de no criminalizar la actividad del trabajo informal, sino crear mecanismos para ordenarla y así lograr un equilibrio entre sus derechos como trabajadores y el derecho a la ciudad que todos queremos y acotó que sólo así se logrará que ambas partes tengan certeza de sus derechos y obligaciones.
“Si bien es cierto que no se debe criminalizar la actividad, lo es también que generan competencia desleal, anarquía, inseguridad, contaminación visual y auditiva, basura, conflictos vecinales, obstrucciones de la vía pública”, observó.
Jesús Padilla destacó el trabajo realizado por la CDHDF en este Informe y reconocer en él, legal y socialmente como población trabajadora, a quienes desempeñan dichas actividades en el espacio público
Redacción
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