La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) se pronuncia en contra de la prohibición de la venta de vapeadores, su posición obedece a que las prohibiciones comerciales hackean el libre comercio, el libre consumo y obstaculizan el desarrollo económico y comercial del país.
El organismo explica que establecer la prohibición comercial de un producto no cancela la demanda de este. Antes, al contrario, crece su expectativa de consumo. Esta prohibición comercial termina por fortalecer el nicho de la venta del cigarro pirata en el país, ya que los vapeadores terminarán siendo parte de ese aparador de productos ilícitos.
Esta actividad comercial no paga impuestos, financia las pandillas de delincuentes y termina por poner en un mayor riesgo a la salud pública.
Todo lo que se prohíbe se termina por consentir y promover, bajo un principio elemental de psicología inversa. La población más tentada son los jóvenes de nuestro país.
Las prohibiciones comerciales terminan por alimentar al mercado informal, al ofrecer nuevas mercancías a la venta en este canal, yendo a contraflujo del objetivo primordial de nuestro desarrollo, que es la formalización de nuestra economía. La informalidad termina por pauperizar el trabajo, convirtiéndose en la otra cara del tan festejado aumento al salario mínimo.
El Estado debe fijar reglas al mercado, es su vocación. Está mandatado para ello y en ningún momento y circunstancia lo debe dejar abandonado a su suerte, como es el caso cuando opta por las prohibiciones comerciales. Por ello lo que exigimos es reglamentar, no prohibir.
Las prohibiciones comerciales terminan por ser estocadas de muerte a los pequeños comercios al no permitirles encontrar su punto de equilibrio.
Finalmente, y tal vez uno de los aspectos más delicados, las prohibiciones conculcan y despersonalizan el derecho a elegir y decidir qué comprar a los consumidores.
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