Inconveniente para PyMEs entrar en controversias administrativas con gobierno

A raíz de las modificaciones realizadas al Sistema CompraNet, que entraron en vigor el 27 de junio pasado, para que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los estados que realicen procedimientos de contratación con recursos públicos con proveedores del gobierno federal, deberán cumplir con lo estipulado en los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Al respecto, el Asesor jurídico del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) Sergio E. Huacuja Betancourt , dijo que el quiera entrar en controversia con los contratos celebrados con el gobierno, lo deberá pensar dos veces, ya que es aquí donde entra el famoso dicho de los abogados, ”más vale un mal arreglo que un buen pleito”, porque la controversia podría rebasar los tiempos pactados en la obra o servicio y, por lo tanto, dejar en estado de indefensión a las partes.

Lo anterior, señaló el especialista, en el marco de la Expo Compras de Gobierno, y añadió que si el gobierno detecta  que en el procedimiento existen irregularidades manifiestas, ya sea por auditoría u otra medida, tendrá facultades para suspender el procedimiento o contrato, lo que conlleva un largo juicio que, incluso podría llevar a la quiebra a una PyME.

Con las modificaciones a la Ley, ahora las partes podrán presentar una fianza para respaldar el contrato para garantizar los posibles daños y perjuicios y evitar que se paralice la obra o servicio, pero también, entre las modificaciones, ahora se permite al gobierno la opción de presentar una contrafianza que deja sin efecto la garantía presentada por el demandante, lo que podría llevar a perdidas millonarias a las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a las garantías, estas se fijan entre el 10 al 30 por ciento del monto del presupuesto o contrato.

El especialista agregó, que en el caso de un juicio de nulidad, es decir, que después de obtener una resolución final persiste la inconformidad, el periodo de la controversia podría  llevar entre 14 y 18 meses como mínimo, amén de que los tribunales están saturados para administrar justicia, tiempos que en muchos casos dejan sin efecto las acciones demandadas.

Vale la pena inconformarse solo cuando los contratos son plurianuales, ya que en caso de inconformarse con la resolución final dictada por el juzgador, tendría que iniciarse de nueva cuenta el juicio, lo que podría llevar dos años o más, y que resulta por demás perjudicial para las PyMEs, dijo Huacuja.

El especialista indicó que, para evitar llegar a un juicio que, sin duda, perjudica a ambas partes, se puede llegar, vía la Secretaría de la Función Pública, a un proceso conciliatorio que permitiría darle continuidad al contrato y resolver la controversia.

Las dependencias públicas pueden solicitar la conciliación y se debe hacer del conocimiento de los órganos internos de control en el caso del IMSS, CFE, PEMEX,  ISSSTE y SCT.

A pregunta de Pymempresario sobre la posibilidad de quedar fichado en la base de datos de CompraNet por haber llevado un juicio contra el gobierno, el especialista dijo, de derecho no se puede proceder así contra los proveedores porque sería un acto intimidatorio, un delito, y recomendó que en caso de que las empresas sufran este tipo de vejaciones deben denunciar el hecho para acabar con ese tipo de prácticas discriminatorias.

Sin embargo, Huacuja Betancurt dejo ver de alguna manera, que la controversia queda integrada en el expediente del proveedor y podría ser que algunos funcionarios tomen medidas en ese sentido para perjudicar a las empresas que se han inconformado, lo cual debe ser denunciado, insistió.

Finalmente, el especialista comentó que se debe considerar para el caso de controversias internacionales que los tratados internacionales prevalecen sobre las leyes internas.

Salvador Guerrero