La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó denuncia penal contra siete servidores públicos y tres particulares, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de fraude.
Esto, luego de que una auditoría de la dependencia federal permitió detectar que dichos empleados públicos avalaron la venta de un terreno que aloja una planta vitivinícola, en condiciones irregulares, y por debajo del valor real del inmueble.
Por esta conducta, los empleados públicos denunciados podrían hacerse acreedores a una pena de cárcel por un periodo de entre tres y doce años. Además, en materia administrativa, ya fueron sancionados por la SFP.
La SFP determinó destituir del cargo, inhabilitar por diez años, e imponer sanción económica por cuatro millones 800 mil pesos, al director ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación; y al coordinador de Comercialización de Bienes Inmuebles, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Además, inhabilitó por diez años e impuso una sanción económica, también por cuatro millones 800 mil pesos, al director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización de este organismo.
Por estos hechos, fueron suspendidos por 90 días el director ejecutivo de Bienes Inmuebles y uno de los apoderados legales del SAE. Mientras tanto, otro representante legal fue inhabilitado por un plazo de seis meses.
La investigación permitió conocer irregularidades en el proceso de subasta pública y entrega de una planta vitivinícola, que permanecía bajo custodia del SAE en Caborca, Sonora.
Los servidores públicos del SAE, hoy sancionados, ofrecieron en subasta pública un terreno de seis hectáreas y su construcción, señalando expresamente que el inmueble a subastar no contaba con servidumbre de paso ni concesión de uso de pozo de agua; sin embargo, al concretar la venta escrituraron estos dos últimos conceptos.
Estos elementos “extra” no fueron incluidos en el precio de la operación.
Redacción