Ante la inminente aprobación de la iniciativa de ley para combatir el lavado de dinero, un mayor número de sectores y actividades económicas requerirán entender cómo prevenir el lavado de dinero e implementar medidas y herramientas para cumplir con los requisitos que presenta este proyecto de ley.
En el marco del décimo segundo Seminario de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Ricardo García Villalobos, Socio líder de la práctica de Investigación forense de Deloitte México, opina que “la iniciativa de ley pretende que todos los sectores económicos contribuyan a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y de esta manera contribuir en el combate al crimen organizado, lo que conlleva a que ahora más sectores y actividades serán objeto de revisión y escrutinio por parte de las autoridades”.
Adicional a las entidades financieras, el proyecto de ley propone supervisar a las personas que se dediquen a la realización de concursos, sorteos y juegos; emisores de tarjetas de servicio o crédito; casas de empeño, agentes o promotores inmobiliarios; joyeros, vendedores y arrendadores de vehículos; servicios de blindajes de autos e inmuebles, comerciantes de arte, traslado y custodia de valores; profesionistas independientes y fedatarios públicos.
“Con esta legislación México busca tener normas jurídicas acordes a las que existen a nivel internacional para combatir este flagelo, pero para ello la autoridad requiere del compromiso de todos, incluyendo el sector empresarial”, manifiesta García Villalobos.
Sin duda, el sector financiero, los bancos y otros agentes financieros son los mejor preparados para cumplir con los requisitos de la nueva ley, ya que desde hace tiempo cuentan con mecanismos de regulación, además de tener la capacitación necesaria. El reto de este proyecto de ley está en los sectores poco o nada regulados ya identificados por el gobierno, que necesitarán recibir la instrucción necesaria para adoptar medidas de prevención, control y cumplimiento de la ley.
“La cultura de la prevención para combatir al lavado de dinero ahora tendrá que ser aplicada por todos los sectores comerciales que usualmente no mantienen prácticas y procesos de identificación de sus clientes, ni de la procedencia de los recursos que en un momento dado pudiesen ser ilícitos”, enfatizó García Villalobos de Deloitte México.
Entre las medidas que se deberán fortalecer para prevenir y detectar los ilícitos se encuentran: establecer adecuadas políticas de identificación y conocimiento del cliente; desarrollar criterios, medidas y procedimientos para identificación del cliente, así como procedimientos para el debido conocimiento de su perfil transaccional; establecer medidas para la identificación de posibles operaciones inusuales y generar programas de capacitación y difusión para el personal.
Al mismo tiempo los sectores se verán obligados a conservar y actualizar expedientes, evaluar constantemente el grado de riesgo y elaborar reportes por operaciones de carácter inusual por parte de los clientes.
Es relevante mencionar que las operaciones en efectivo por la contratación de algún bien o servicio van a poder seguir llevándose a cabo, pero la ley impondrá la responsabilidad de reportar a la autoridad aquellas que sean mayores a una determinada cantidad, que de acuerdo a la iniciativa de ley es de cien mil pesos, y para ello se requerirán establecer mecanismos que permitan conocer e identificar a los clientes, sin duda un reto importante para las empresas en cualquier giro.
“Es muy importante que el sector comercial tome conciencia que la implementación de los controles para prevenir el lavado de dinero va a ser onerosa para todos, pero no cumplir con la norma puede implicar severas sanciones”, subrayó García Villalobos.
El especialista de Deloitte México hace especial mención en que “corresponde al Legislativo analizar con todo cuidado la propuesta y escuchar a todos los sectores económicos a efecto de que esta Ley sea de fácil observancia y así cumpla con su objetivo”.
Finalmente, García Villalobos menciona tomar atención a que “el Ejecutivo deberá invertir los recursos financieros suficientes para establecer procedimientos claros y sencillos de reporteo, la contratación y capacitación de sus analistas e investigadores que le permitan indagar todos los reportes que se les presenten, y en su caso, proceder conforme a derecho corresponda, para así evitar caer en la impunidad que tanto daño a causado”.
Deloitte México
