En México no existe un tratamiento fiscal específico, mucho menos especial, para los agentes económicos, personas físicas, unidades económicas y empresas dedicadas a la producción o al comercio de bienes o servicios culturales. Es decir, el régimen fiscal al que están sometidas las industrias culturales es, en el mejor de los casos, el mismo que para el resto de las personas físicas o morales. Se apunta que en el mejor de los casos, porque varios de los demás sectores de la economía reciben y se benefician por tratamientos de privilegio por parte del fisco.