Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 52% de las empresas en economías emergentes cierran debido a problemas económicos, entre ellos destaca la falta de liquidez.
En este sentido, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) e instituciones adherentes, presentaron ante el Senado la propuesta de Ley de Pago en 30 Días, que tiene el propósito de establecer un plazo de tiempo máximo para que las empresas reciban el pago por sus productos y servicios.
“La Ley de Pagos a 30 días nace por la situación que, a partir cobrar una factura, los emprendedores nos enfrentamos a no tener certeza sobre el periodo de pagos, los contratos que nos enfrentamos como micro, medianos empresarios son contratos de aleación y eso estamos tratando de cambiar, que todo sea justo para que la posición en el mercado sea favorable. Proponemos que a partir de la recepción de la factura con un periodo de 30 días en el que se tenga que pagar y si no se paga que exista una multa”, señaló Fernando Mendivil, presidente de la ASEM.
Hay empresas que financian su operación a costa de sus proveedores al implementar políticas de pago a 60, 90, 120 días. Estos plazos comienzan a contar a partir de la recepción de facturas, para lo cual hay procesos previos (como el alta de proveedores) que incrementan aún más los plazos. Esta situación la presentan tanto el sector privado como el sector público.
Entre los principales puntos que propone la Ley de Pago a 30 Días es que sea de carácter general, es decir, que se aplique a todas las empresas en México (micro, pequeñas, medianas y grandes) y al sector público. Esto con el fin de no generar asimetrías y promover un círculo virtuoso para cobrar y poder pagar a 30 días.
En el caso del sector privado se plantea un plazo máximo de pago de 30 días naturales a partir de la recepción de la factura, aunque durante los primeros 12 meses a partir de su entrada en vigor, el plazo sería de 60 días corridos (para ajustar el mercado y las cadenas de pago).
En caso de que no se cumpla el plazo de pago, se podrían aplicar comisiones a favor del proveedor por cada día de retraso y una multa sobre saldo insoluto que la empresa deudora tendría que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Implementar esta política de pago podría generar beneficios específicos para las grandes empresas, como obtener mejores precios por parte de sus proveedores.
El presidente de la ASEM dijo: “Proponemos que este acuerdo el sector privado tenga que registrarse en un portal para darle visibilidad a los acuerdos que se están haciendo y evitar abusos por posición dominante y que respeten los acuerdos de las empresas.”
Para el sector público el plazo máximo de pago sería igualmente de 30 días naturales desde la recepción de factura (salvo excepciones legales, en bases de licitación y contratación directa). Asimismo, habría sanciones administrativas para el funcionario público encargado del servicio que no cumpla con los plazos de pago.
Entendiendo que existen ciclos económicos muy particulares que no podrían someterse a un plazo de pago de 30 días, como en la agricultura o ventas a consignación, la propuesta ciudadana estipula casos excepcionales. Dichos casos excepcionales o acuerdos entre privados se registrarían en un portal de la Secretaría de Economía, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la celebración del contrato, con el fin de visibilizar estos acuerdos para evitar plazos de pago abusivos, dando pie además a generar un índice de plazos de pago en México.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aquellos que han implementado políticas para reducir plazos de pago a proveedores registraron un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) y mejoran sustancialmente el entorno para hacer negocios.
La ASEM presentó su propuesta a 10 senadores quienes se comprometieron a mejorar el entorno en el que se emprende en México, al cual la asociación se refiere de forma simbólica como “bancada pro emprendimiento”.
Rogelio de los Santos, Presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, dio a conocer que la Ley de Pagos de 30 días contribuye con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por mencionar algunos:
1) Trabajo decente y crecimiento económico donde se busca lograr mejores niveles de productividad mediante innovación tecnológica, así como promover políticas orientadas apoyar el empleo, el crecimiento de las micro pequeñas y medianas empresas mediante acceso a servicios financieros.
2) Industria, innovación e infraestructura donde busca aumentar el acceso de las empresas asequibles, integrarlos a cadena de cadenas valor en condiciones favorables.
3) Reducciones de desigualdades en el cual se busca garantizar oportunidades y reducir desigualdades, prácticas discriminatorias
Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la escuela de gobierno y transformación pública del Tecnológico de Monterrey apoyará esta iniciativa con trabajo de investigación y vialidad jurídica.
¿Qué implica la vialidad jurídica en esta iniciativa?
Una de las tareas es revisar la constitución, será una labor cuidadosa, detallada; se tiene que analizar el marco jurídico que incluye la legislación secundaria y pensar las contradicciones y relaciones entre el marco jurídico y la ley de pago en 30 días.
¿De qué manera el Senado impulsará esta iniciativa?
Por su parte, el Senado impulsará esta ley con un argumento abierto y avanzar de forma más pronta en el análisis del marco legislativo con una participación consiente, moral, participativa apegada a ley para el desarrollo del emprendimiento.
“Esta iniciativa, aunque suena sencilla es compleja porque toca muchas leyes y cuenten con nuestro compromiso firme para echarla adelante para un cambio de transparencia, oportunidades para quienes quieran emprender arriesgarse y formar empresas. Tenemos tocar las leyes involucradas, hacer una propuesta que tenga fundamentos jurídicos legales, es el momento es el adecuado y cuenten con nosotros”, expresó Francisco Madero, presidente de economía del Senado.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
La ASEM y la bancada proemprendimiento convocarán a diferentes organismos empresariales con el fin de recopilar sus observaciones e incorporarlas a la propuesta. El objetivo es que este año se logre su aprobación en el Legislativo y la promulgue el Ejecutivo. En este proceso la asociación contará con la colaboración de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.
La ASEM convocó a emprendedores y MIPYMES para que firmen la iniciativa publicada en Change.org y a que cuenten en redes sociales su experiencia con plazos de pagos con el hashtag #LeyPago30Días.
¿Por qué hasta ahora el Estado empieza a entender la importancia que tiene el emprendimiento?
“En el Tec nos hemos hecho esa pregunta todos los días ¿por qué nos hemos tardado tanto como país en dar este tipo de pasos? Creo que hay una resistencia a nosotros como mexicanos a creernos que no podemos emprender y son los jóvenes los quienes pueden pensar en su futuro de una manera distinta y la ASEM está tomando la vanguardia en México”, expresó Arturo Sánchez Gutiérrez.
Hay una apertura, oportunidad y sensibilidad, este gobierno tiene propuestas con buenas intenciones, pero el chip tecnológico no creo que lo tengan. Hay que ayudarle porque el mundo está cambiando y no hay que quedarnos con visiones arcaicas y cuentan con nosotros”, concluyó Madero.
Laura Cruz
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