No contar la validación de identidad puede traer consigo importantes riesgos reputacionales, suplantaciones de identidad y pérdidas económicas causadas por fraudes. Su importancia es relevante y necesaria. A través de este proceso, los negocios pueden tener mayor certidumbre en las negociaciones que llevan a cabo con sus proveedores y clientes, impulsar alianzas comerciales e incentivar su crecimiento.
En México, la validación de identidad está regulada, principalmente, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Por su parte, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece medidas y procedimientos para dar cumplimiento a la obligación de integrar los expedientes únicos de identificación de cada uno de los clientes.
La ‘Ley Fintech’ y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito de la CNBV también contemplan regulaciones en este sentido.
Los requisitos generales que se le solicitan a las entidades financieras dependen del servicio o el producto ofrecido. Entre estos, por ejemplo, se encuentra la validación de una identificación oficial, domicilio —para evitar que sea un domicilio fantasma o un terreno baldío—, firma digital, entrevistas o validación de antecedentes.
“Las empresas que están obligadas a contar con procesos de validación de identidad y no cumplen con los mismos, pueden hacerse acreedores a multas económicas y hasta perder las licencias para operar en el mercado. Los ejecutivos responsables de manejar esas empresas podrían enfrentar riesgos personales en caso de que la autoridad considere que hubo negligencia en el proceso para comprobar la identidad del cliente como lo establece la regulación”, señala Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en la validación de identidad.
Las sanciones y los costos para las empresas que no validen identidad
Entidades como casas de cambio o de bolsa, bancos, vendedores de bienes costosos como joyas, autos y piezas de arte están sujetos a esta regulación. En primera instancia, las compañías que incumplan con lo que dicta la LFPIORPI pueden ser multadas con 200 y 2 mil UMA (de 17 mil 924 a 179 mil 240 pesos).
En caso de la ‘Ley Fintech’, que regula a las instituciones de tecnología financiera, es decir, a aquellas que prestan este tipo de servicios de manera digital, las multas pueden ir de las diez hasta las 100 mil UMA (de 896.20 a 8 millones 962 mil pesos).
Además del costo económico que puede representar una multa, el incumplimiento de las reglas puede tener consecuencias mayores. Las personas que hayan incumplido con las disposiciones de ley pueden ser asociados a delitos graves como operación con recursos de procedencia ilícita, mismo que se castiga con una pena de cinco a 15 años de prisión.
Finalmente, las empresas pueden perder la licencia para operar en nuestro país en caso de incumplimiento.
Cabe destacar que estas sanciones sólo aplican para las empresas obligadas por ley, es decir las instituciones financieras. Sin embargo, para los negocios que no tengan esta obligación también existen riesgos al no validar la identidad de sus clientes, socios, proveedores y empleados, sobre todo en cuestión reputacional y de pérdidas económicas.
Redacción
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