Un servidor público fue aprehendido en Villahermosa, Tabasco, el pasado 13 de mayo, en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría General de la República (PGR), a raíz de una denuncia ante las autoridades, por presuntos actos ilegales contra un particular, proveedor de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Dicho servidor ocupaba el cargo de supervisor adscrito a la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento a Ductos de PEP.
Según testimonio del denunciante –contratista encargado de realizar un proyecto de sustitución de equipos de aire acondicionado, en un inmueble de PEP denominado Centro Técnico Administrativo (CTA)– en enero pasado se reunió con el hoy detenido para analizar los detalles del proyecto.
Desde esa fecha, el servidor público insistió en dejar claro al contratista que tenía “la obligación” de entregar el 10 por ciento del monto total que resultara de la elaboración del proyecto mencionado arriba, con un costo total estimado en un millón 200 mil pesos.
Es decir, que las pretensiones del supervisor de PEP eran obtener 120 mil pesos; por lo que exigió al contratista un “adelanto” de 60 mil pesos, a lo que el particular se negó.
Ante esta negativa, el supervisor de PEP retrasó un primer pago al contratista por más de seis semanas, a manera de presión para que este último aceptara el trato irregular. Ante esta situación, el contratista se vio obligado a aceptar la propuesta ilegal y ofreció un pago de 30 mil pesos al presunto extorsionador.
Sin embargo, previamente acudió a las autoridades a presentar una denuncia de hechos que culminó con la detención en flagrancia del servidor público.
Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) aprehendieron a este servidor público tras haber recibido los 30 mil pesos por parte del denunciante, para que el servidor público liberara los pagos que PEP le adeudaba.
El supervisor de PEP –arquitecto de profesión– fue trasladado a la sede de la delegación de la PGR en Villahermosa, en calidad de detenido, y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF).
El juzgado correspondiente liberó el auto de formal prisión por el delito de cohecho, ilícito por el que dicho servidor público podría alcanzar una pena de dos a catorce años de prisión.
Además el órgano interno de control de PEP, adscrito a la SFP, decretó la suspensión temporal del empleo, de manera precautoria, e inició procedimiento administrativo contra el servidor público.
El gobierno federal está decidido a seguir combatiendo los actos de corrupción, para evitar que estos cobros de carácter ilícito a los contratistas se trasladen, en forma de incremento, al costo final de los bienes o servicios que se le otorgan al sector público federal y, por ende, a los contribuyentes.
Redacción
