El combate al lavado de dinero es una prioridad global que busca fortalecer la transparencia financiera y prevenir delitos como el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado, ha sido uno de los principales instrumentos normativos desde su entrada en vigor en 2013. Sin embargo, recientemente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha alertado que su aplicación está generando serias afectaciones para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
¿Qué es la Ley Antilavado y a quién aplica?
La Ley Antilavado establece una serie de obligaciones para quienes realizan actividades consideradas como “vulnerables”, entre las que se incluyen operaciones en sectores como:
- Comercialización de bienes inmuebles
- Venta de vehículos
- Préstamos o mutuos
- Comercio de metales y piedras preciosas
- Servicios contables, jurídicos, notariales
- Juegos y sorteos
- Servicios de fe pública, entre otros
Las empresas que realicen estas actividades deben cumplir con reportes periódicos, identificación de clientes, e incluso, en ciertos casos, aviso de operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Puedes consultar el marco legal completo en el sitio oficial de la Ley Antilavado.
Coparmex alza la voz: se requiere equilibrio regulatorio
A través de su presidente nacional, José Medina Mora Icaza, la Coparmex ha señalado que muchas de las medidas establecidas por esta ley resultan desproporcionadas para las MiPyMEs, que no siempre cuentan con la capacidad administrativa y financiera para cumplir con los requerimientos.
“No estamos en contra de la ley ni del combate al lavado de dinero, pero sí de que se trate por igual a una gran empresa que a un pequeño negocio que apenas tiene flujo para sobrevivir”, explicó el líder empresarial en un comunicado reciente de Coparmex.
De acuerdo con el organismo, se han documentado casos donde pequeñas empresas han sido sancionadas por incumplimientos administrativos, sin que existan indicios reales de operaciones ilícitas. Esta situación puede llevar incluso al congelamiento de cuentas bancarias, afectando directamente la operación de los negocios y poniendo en riesgo empleos.
Aumenta la carga regulatoria para las MiPyMEs
En México existen más de 4.5 millones de MiPyMEs, de acuerdo con datos del INEGI, y generan el 72% del empleo formal. Sin embargo, enfrentan constantemente una alta carga regulatoria, lo cual es uno de los principales obstáculos para su crecimiento y formalización.
A la ya compleja burocracia para operar —licencias, permisos, declaraciones fiscales, etc.— ahora se suman las obligaciones que impone la Ley Antilavado. Entre los principales retos para las pequeñas empresas destacan:
- Desconocimiento normativo: muchas MiPyMEs no saben que están dentro de los sectores clasificados como “actividades vulnerables”.
- Falta de personal especializado: no cuentan con un equipo jurídico o de cumplimiento normativo.
- Multas desproporcionadas: las sanciones pueden llegar hasta los 200 mil pesos, lo cual puede representar la quiebra para un negocio pequeño.
La UIF defiende la ley: resultados en materia de transparencia
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda, ha defendido la importancia de la Ley Antilavado. En sus informes más recientes destaca que gracias a este marco legal se han bloqueado más de 2 mil millones de pesos relacionados con actividades delictivas, y se ha logrado rastrear a redes de corrupción y financiamiento ilícito.
En entrevista con medios, funcionarios de la UIF han señalado que la ley no busca criminalizar a las pequeñas empresas, sino establecer un sistema de control que permita diferenciar operaciones legítimas de las sospechosas.
Puedes consultar los informes anuales de la UIF en su portal oficial.
¿Qué propone Coparmex?
Coparmex ha sugerido la creación de un régimen diferenciado para las MiPyMEs en la aplicación de la Ley Antilavado. Esto podría incluir:
- Límites mínimos de ingresos para estar obligadas
- Reducción de reportes en operaciones de bajo riesgo
- Capacitación gratuita por parte del Estado
- Asesoría directa para evitar sanciones injustas
Asimismo, ha hecho un llamado al Poder Legislativo y a la Secretaría de Hacienda para iniciar una mesa de trabajo que revise el impacto real de la ley en los pequeños negocios.
¿Qué puede hacer una MiPyME para protegerse?
- Identifica si tu empresa realiza actividades vulnerables. Puedes consultar el listado completo en el Artículo 17 de la Ley.
- Regístrate en el portal del SAT. Las actividades vulnerables deben registrarse para enviar avisos mensuales.
- Capacítate. Existen cursos gratuitos en línea sobre cumplimiento normativo. Consulta opciones en MéxicoX o en plataformas como Capacítate para el empleo.
- Consulta a un experto. Si no tienes área legal o fiscal, acércate a tu cámara empresarial o a instituciones como Nafin o INADEM (aunque este último ha sido reconfigurado, aún ofrece recursos vía Red de Apoyo al Emprendedor).
Hacia un equilibrio entre legalidad y competitividad
El combate al lavado de dinero es fundamental para el desarrollo de un país más justo y transparente. Sin embargo, es necesario que las leyes no se conviertan en un obstáculo para la operación de quienes buscan crecer de manera honesta.
Las MiPyMEs mexicanas, que ya enfrentan desafíos como la inflación, el acceso al crédito y la digitalización, no deben ser tratadas como si fueran grandes corporativos con estructuras robustas. Un equilibrio entre legalidad, proporcionalidad y competitividad es necesario para garantizar que la ley funcione sin destruir el motor económico del país.
Coparmex ha abierto la conversación. Ahora toca a las autoridades escuchar, dialogar y construir un entorno que, sin relajar los controles, permita que los pequeños negocios florezcan sin miedo a ser sancionados por tecnicismos burocráticos.
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