Desde la entrada en vigor de la reforma laboral del 23 de abril de 2021, México ha experimentado una transformación significativa en el modelo de subcontratación. Esta reforma prohibió la subcontratación de personal que forme parte del objeto social o actividad económica preponderante de la empresa contratante, permitiendo únicamente la subcontratación de servicios u obras especializadas que no formen parte de dichas actividades. Para ello, se estableció la obligación de que las empresas prestadoras de estos servicios se registren en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), conocido como REPSE, el cual debe renovarse cada tres años.
Impacto en el mercado laboral y empresarial
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), antes de la reforma, aproximadamente 5 millones de personas trabajaban bajo esquemas de subcontratación. Para agosto de 2021, la mitad de estos trabajadores ya habían sido incorporados directamente a las nóminas de las empresas para las que laboraban, lo que ha resultado en beneficios como acceso a seguridad social, reparto de utilidades y reconocimiento de antigüedad.
Sin embargo, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) reportó que cerca de un millón de trabajadores fueron despedidos y no han sido contratados por otra compañía, lo que ha llevado a un aumento en la informalidad laboral.
Principales actores en el nuevo esquema de subcontratación
Empresas como Auren México han adaptado sus servicios para cumplir con la nueva normativa, ofreciendo asesoría en la implementación de subcontratación especializada y cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.
Por otro lado, compañías como Atento y Softtek, líderes en servicios de externalización y tecnologías de la información respectivamente, han ajustado sus operaciones para alinearse con las nuevas disposiciones legales. Atento, por ejemplo, es uno de los mayores empleadores en México en el sector de CRM/BPO, con alrededor de 19,000 empleados en el país.
Mexcentrix, especializada en servicios de refugio y administrativos para empresas manufactureras, ha facilitado la transición al nuevo modelo mediante la gestión de recursos humanos, nómina y cumplimiento legal, permitiendo a las empresas operar sin los altos costos iniciales y demoras.
Obligaciones y sanciones bajo la nueva normativa
Las empresas que deseen contratar servicios especializados deben asegurarse de que sus proveedores estén registrados en el REPSE y cumplan con todas las obligaciones fiscales y de seguridad social. El incumplimiento puede resultar en multas que van desde 2,000 hasta 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a montos significativos en pesos mexicanos.
Conclusión
La reforma al outsourcing en México ha generado un cambio estructural en las relaciones laborales, promoviendo la formalización del empleo y asegurando mayores derechos para los trabajadores. Para las medianas empresas, adaptarse a este nuevo modelo implica revisar y, en su caso, modificar sus esquemas de contratación, asegurándose de cumplir con las disposiciones legales y evitar sanciones. Contar con asesoría especializada y mantenerse informado sobre las actualizaciones normativas es clave para una transición exitosa en este nuevo entorno laboral.
Para más información y asesoría especializada, las empresas pueden consultar con firmas como Auren México y Mexcentrix, que ofrecen servicios de cumplimiento normativo en esta materia.
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