Datos de Nacional Financiera señalan que durante 2008 del total de las compras realizadas por el Gobierno Federal, el 66% se destinó a MiPyMEs, sin embargo, el 90% del monto en pesos fue entregado a grandes empresas que ganaron las licitaciones de mayor dinero.
Pero ahora el gobierno ha entendido que si quiere acercar a más micro, pequeñas y medianas empresas a sus licitaciones debe simplificar la operación y darles facilidades por ello este 2010 asegura tener trámites más simples, reducción de costos y plazos de pago y ofrecer seguridad jurídica a sus proveedores.
Bajo esa tendencia fueron modificadas la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma y la Ley federal de responsabilidades.
Gracias a estos cambios ahora las empresas que desean participar o ganen una licitación tendrán acceso a:
– Anticipos del 10 al 50% dependiendo de los plazos y el producto a ofrecer.
– Se incorporó el concepto de rentabilidad social para la adjudicación de los contratos es decir dar mayores beneficios y ganancias a los proveedores.
– Se establece la prelación de las licitaciones públicas nacionales e internacionales.
– Se prohíbe aplicar Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD) en licitaciones.
– Se redujo el plazo de pago para proveedores de 45 a 20 días naturales a partir de la fecha en que es entregado el bien o servicio y la factura correspondiente.
– Se crea un programa anual de contrataciones donde se monitorea en qué se va a gastar, cómo y cuándo.
– Se agilizó el procedimiento para resolver inconformidades. En adquisiciones y obras públicas existe la posibilidad de arbitraje peritaje y otros medios alternativos para resolver controversias.
– Se fortalecieron los comités de adquisiciones y de obras en la toma decisiones.
– Será necesaria una investigación de mercado en todas las contrataciones.
– Se crea un registro único de proveedores y contratistas.
– La Secretaría de la Función Pública, en los términos de la ley, podrá promover contratos macro mediante los cuales las dependencias y entidades podrán adquirir bienes.
– Cada convocatoria debe contener las bases y el modelo de contrato específicos.
– En el acto de presentación y apertura de proposiciones no se desechará ninguna por incumplimiento cuantitativo sino hasta su revisión detallada.
– Se redujo el plazo para la formalización de los contratos a 15 días.
Además se planteó un rediseño del sistema que implica la restructuración del portal Compranet, se ha propiciado la profesionalización de los servidores públicos responsables de los procedimientos de contratación para el adecuado desempeño de sus funciones y se creó la Unidad de Políticas de Contrataciones para públicas, mismas que tiene como objetivo ofrecer eficiencia y transparencia al proceso.
Ariadna Cruz
