En los últimos años, la proliferación de agencias de seguridad ha aumentado, estaría bien si estas cumplieran con las normas básicas para ejercer dicha actividad.
Sin embargo, existen 8 mil empresas de seguridad privada en México que tiene personal sin experiencia ni habilidades; operan de forma irregular, sin registros ante la Secretaría Pública Federal, con documentos apócrifos o incompletos, denunció Alejandro Desfassiaux, autor de “Cómo poner un alto a la inseguridad en México”.
“En las sociedades donde impera el hampa y se les da carta libre a las empresas de seguridad privada ‘patitos’, se acepta de facto la violación a los derechos humanos y el que las personas sin preparación gobiernen empresas, colonias, centros comerciales, de espectáculos y salas de arte”, comentó Desfassiaux.
Existen 480 mil guardias que trabajan para este tipo de compañías, “y es muy probable que entre sus filas se encuentren desertores: ex policías municipales, estatales o federales que han sido dados de baja por incapacidades físicas, psicológicas u operativas, o personas con antecedentes penales”, dice el también Presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
La competencia desleal y monopólica de todas estas policías “se genera porque no ofrecen a sus elementos las mismas prestaciones que la seguridad privada (IMSS, INFONAVIT, ISSSTE), pero tampoco entregan las prestaciones mínimas de ley”, refiere el autor.
El negocio de la seguridad privada en México vale 12,000 millones de pesos anuales y está en las cajas particulares de los gobernadores locales sin que exista ningún control. “Es decir, Cusaem cobra por sus servicios a particulares, pero nunca reporta sus ganancias”, comenta Desfassiaux.
Pero más allá de que es una policía que se niega a transparentar su funcionamiento, y operar sin control ni ley, es una corporación proclive al abuso.
“Maltratan a quien quieren y cómo quiere. Desconocen el estado de Derecho. Vejan a diestra y siniestra, le cierran el paso a otros conductores, retienen indefinidamente a quien quieren en los centros comerciales o de espectáculos, golpean a quien pretende entrar a un reciento con aliento alcohólico o sólo porque los mal miraron. Son guaruras con licencia para matar”, sintetiza Desfassiaux.
Sería deseable que el presidente que resulte electo en julio establezca un control eficaz de esas policías complementarias y las devuelva a su verdadera función de seguridad pública, es decir, que todos sus elementos vuelvan a servir al ciudadano y no a particulares.
Redacción
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