El día hoy organizaciones empresariales y académicas que representan a diversos sectores relacionados con la Industria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), afirmaron que se pueden obtener mayores ingresos fiscales para el país que los esperados por la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las telecomunicaciones.
Si en lugar de gravar a las telecomunicaciones se promueve su intenso desarrollo como generador de inversiones anuales del orden de los 40 mil millones de pesos, según reportes de la COFETEL, se impulsaría a esta industria como una herramienta fundamental para el desarrollo, educación e información para la sociedad y motor de competitividad, productividad, eficiencia e innovación para los sectores productivos nacionales.
Esta propuesta se realiza previamente a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente ante el H. Congreso de la Unión el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2012, requiriendo la derogación de la tasa impositiva del 3% del IEPS para los servicios de telecomunicaciones en su conjunto (telefonía fija y móvil, Internet, redes de datos, radiolocalización, flotillas, servicios satelitales, etc.)
En conferencia de prensa, representantes de las 32 organizaciones del sector productivo y social, así como miembros del poder legislativo adherentes a la solicitud emitida en varios diarios de circulación nacional el pasado 22 de agosto, dirigida al Gobierno Federal y al H. Congreso de la Unión, requiriendo derogar el IEPS a las telecomunicaciones, expresaron que este impuesto es contrario a las políticas públicas para reducir la brecha digital en el país.
Advirtieron que el impuesto especial implica un costo social muy alto, ya que el pago de este impuesto se traslada directamente a la ciudadanía, lo que provoca una distorsión económica contraria a cualquier política fiscal, al desestimular el consumo y la inversión en el sector, afectando principalmente a la población de menores recursos.
Al respecto, las organizaciones expusieron que el impuesto especial a las telecomunicaciones tiene un efecto regresivo que reduce el impacto recaudatorio. Prueba de ello es que afecta más a la población de menores recursos, propiciando el incremento de la brecha digital.
Expone la industria que los cálculos de sus estudios establecen que, en algunos casos, este impuesto en cadena puede provocar incremento en gastos de manera directa hasta en un 4.76%, costo que puede ser la diferencia para los agentes económicos del país, entre competir o salir del mercado globalizado.
En materia de telefonía móvil, el país debería contar hoy con una teledensidad de 110%, dado su perfil estructural, que equivale a 125 millones de líneas, casi 30 millones más que las 95 millones actuales, cifra que en parte no se ha podido alcanzar por la repercusión del impuesto especial, aunado a la elasticidad de los servicios. Ese diferencial de 30 millones corresponde principalmente a niveles socioeconómicos bajos, para los cuales el impuesto especial encarece las tarifas y crea una barrera que difiere aún más el acceso democrático y generalizado a los servicios convergentes necesarios para la sociedad mexicana.
Al comentar sobre la excepción a los servicios de Internet en la aplicación del IEPS para el ejercicio fiscal de 2010, advirtieron que en la práctica la excepción queda sin efecto, ya que actualmente la mayoría de los servicios en esta industria se ofrecen en paquetes de doble, triple y cuádruple play, con tarifas integradas que incluyen los servicios de telefonía, TV restringida y conexión de banda ancha; y que al no estar desglosado el cargo por Internet, queda gravado por el IEPS.
Los estudios realizados por el sector productivo advierten que al derogar el IEPS a las telecomunicaciones, se podría lograr un crecimiento adicional anual de hasta 5% en los servicios de telecomunicaciones, con ello y otras medidas se podría obtener una cifra de recaudación superior a la prevista por este concepto en 2010, producto de entre otros: (i) la recaudación del IVA de las inversiones adicionales estimadas por 200 millones de dólares para soportar el crecimiento complementario referido; (ii) del ISR de las utilidades de los ingresos de los servicios adicionales y de las inversiones complementarias; (iii) el ISR de los sueldos adicionales para ambos casos; y, (iv) ingresos adicionales por derechos de espectro.
Otros elementos para la generación de ingresos fiscales podrían ser la licitación de más fibra óptica o la red de última milla de la CFE, así como la licitación de más espectro radioeléctrico para uso en las redes de telecomunicaciones (bloques en las bandas de 700 MHz, 1.7, 2.1, 2.5 y 3.5 GHz) y la implementación del arrendamiento de espacios en las instalaciones federales, estatales y municipales para colocar sitios y antenas de telecomunicaciones.
La experiencia internacional representada en las agendas digitales de diversos países y los planes de desarrollo de la banda ancha, así como la propuesta de Agenda Digital Nacional de la propia industria nacional de las TIC y diversos documentos emanados del H. Congreso de la Unión, indican que el uso de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones incluyendo el Internet contribuyen a agilizar el desarrollo económico de los países, mejorar su competitividad, incrementar la calidad de vida de la población, y que un incremento del 10% de la penetración de la banda ancha puede aumentar hasta en 1.4% el PIB nacional en países con condiciones similares al nuestro.
En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, la actual administración mexicana promovió la convergencia como instrumento de superación tecnológica, competitividad y productividad, y hoy que la convergencia es una realidad, se aplican impuestos diferenciados a las telecomunicaciones como sí no fuera parte de un plan integral de desarrollo tecnológico.
Según la COFETEL en su Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones, correspondiente al Segundo Trimestre de 2010, la recesión económica y el impuesto ocasionaron una desaceleración acumulada en el crecimiento del sector, mayor al 40%.
Otros argumentos de este grupo de organizaciones de la industria, usuarios, académicos, empresarios y del poder legislativo a favor de la derogación del impuesto, son los siguientes.
• Los segmentos más dinámicos de la economía nacional son las telecomunicaciones móviles y la banda ancha, amos alcanzando tasas de crecimiento de doble dígito.
• El empleo de las TIC facilita la integración social, al permitir que los miembros de la población se comuniquen entre sí, superando barreras como la distancia e incluso, gracias a los avances tecnológicos, barreras geográficas que anteriormente impedían la comunicación con comunidades alejadas y de difícil acceso, fomentando la comunicación desde y hacia todas las comunidades.
• El empleo de las TIC permite hacer más eficiente el trabajo, por lo cual, estos servicios se han convertido en un insumo fundamental para todos los sectores económicos y sociales de la población.
• Las TIC representan herramientas fundamentales en materia de emergencias y seguridad pública, así como alternativas en materia de salud y trabajo a distancia, por lo que, cualquier gravamen que frene su desarrollo resulta injustificado, por el contrario, debe buscarse que la totalidad de la población tenga acceso a estos servicios, especialmente aquellos sectores que por diversas condiciones se encuentran más vulnerables.
• Las TIC contribuyen a la necesidad, cada vez mayor por parte de los ciudadanos, de contar con nuevas fuentes de información y mecanismos que permitan la transmisión de esa información entre la población, así como a nuevos contenidos, distintos a las tradicionales, como lo refleja el incremento que ha tenido en los últimos años las redes sociales y el servicio de televisión restringida, que podría abonar para contar con una sociedad más plural y democrática.
• En la actualidad todas las industrias basan sus estrategias de crecimiento, expansión y competitividad en las TIC. Una carga impositiva de esta naturaleza, obstaculiza los planes de modernización de los sectores productivos y afecta principalmente a las empresas medianas y pequeñas.
Lo más grave de mantener un impuesto a las telecomunicaciones sería la falta de visión hacia el futuro, donde la educación, salud, seguridad, innovación y prosperidad estarán dependiendo altamente del uso de la más moderna tecnología y cuyo uso estaría siendo inhibido por el establecimiento de un impuesto especial contrario al desarrollo.
Actualmente ya existen diversas iniciativas presentadas al Congreso de la Unión por diversos partidos políticos, entre las que destacan las presentadas por los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca y Carlos Sotelo García, así como por el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, a fin de derogar el inciso c), fracción II, del artículo 2° y la fracción IV del artículo 8° de la Ley del IEPS, donde se establece el impuesto referido, dado el énfasis sobre los efectos negativos de este gravamen especial a las telecomunicaciones. Por ello, exhortamos a los legisladores a que en su caso concluyan la derogación de este impuesto en el paquete fiscal del próximo año.
Redacción
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