Los delitos económicos durante la apertura de los negocios se contraponen a la promoción de la formalización empresarial, ya que muchos emprendedores prefieren iniciar su empresa desde la ilegalidad para evitar este tipo de situaciones, afectando directamente la competitividad del país.
En 2022 la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Organización Mexicanos contra la Corrupción presentaron la Encuesta contra la Corrupción en el Sector Privado, cuyos datos arrojan que el 39% de las empresas fueron víctimas de algún delito económico, principalmente por parte de funcionarios, siendo las PyMes y MiPyMes las más afectadas.
Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los casos registrados durante la apertura del negocio fueron de 27.5% del total, siendo la cifra más alta en 10 años.
Dichos actos de corrupción perjudican de manera importante a los emprendedores, ya que de acuerdo con la Association of Certified Fraud Examiners, el sector privado gasta alrededor del 5% de sus ganancias anuales para el pago de sobornos, un promedio de tres mil 646 pesos para cada emprendedor, lo cual puede representar entre el 5% y 10% del valor de inversión inicial.
Por citar un ejemplo, uno de los delitos más comunes es el plagio de la propiedad intelectual, mismo que está muy presente en nuestro país, tras el que se esconden diversas irregularidades y que afecta a las empresas con una imagen de marca propia, ya que si bien existe la Ley Federal del Derecho de Autor en términos de propiedad inmaterial, así como La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para las creaciones materiales, el ámbito de la propiedad intelectual se centra en mayor medida a nichos académicos, dejando la regulación de marcas en rezago.
En México existen un millón 453 mil 914 marcas registradas según cifras del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, sin embargo, existen empresas que operan digitalmente con marcas sin registro, mismas que se vuelven blanco fácil del plagio, no obstante, no son las únicas vulnerables. Las sanciones, que van desde multas de aproximadamente 250 mil UMAs, cierre del negocio por 90 días, hasta arrestos o la clausura total, no han sido suficientes para frenar el uso inapropiado de logos o nombres patentados.
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