México atraviesa una etapa decisiva para su sistema financiero. El escándalo reciente de la Sociedad Financiera Popular CAME —la más grande del país tras fusionarse con “Te Creemos”— ha dejado al descubierto no sólo los riesgos del crecimiento desmedido sin supervisión efectiva, sino también la fragilidad de las instituciones regulatorias frente a presiones políticas y económicas. En paralelo, el auge de aplicaciones de crédito informal plantea un nuevo frente de riesgo para millones de mexicanos, especialmente pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que buscan financiamiento ante la falta de acceso bancario.
En este contexto, la defensa y el fortalecimiento de los organismos autónomos de regulación financiera se vuelve un asunto de seguridad económica nacional.
CAME: una alerta roja que no puede ignorarse
La CNBV reclasificó recientemente a CAME a categoría 2 por un preocupante deterioro en su Índice de Capitalización. La entidad ofrecía rendimientos de hasta 17% anual, promociones masivas y creció con rapidez, factores que, lejos de fortalecerla, la llevaron al borde de la inestabilidad financiera. De caer en categoría 3, enfrentaría restricciones severas y un posible colapso operativo que afectaría a más de 2 millones de clientes, muchos de ellos emprendedores y pequeños empresarios.
¿Dónde estuvieron los controles? ¿Hasta qué punto pueden los reguladores ejercer su labor sin interferencias externas? Estas preguntas no solo deben responderse, deben convertirse en reformas urgentes.
El valor de las instituciones: ¿están en riesgo?
Organismos como la CNBV, la Condusef o incluso el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) han sido fundamentales en la consolidación del sistema financiero mexicano. Pero los errores pasados —como en el caso Ficrea— y la falta de actualización del marco legal (como la Ley de Ahorro y Crédito Popular) les han restado capacidad de reacción y credibilidad ante nuevos modelos financieros.
Hay señales preocupantes: propuestas legislativas que buscan concentrar funciones regulatorias bajo control político, recortes presupuestales que ahogan la capacidad técnica de los entes autónomos, y una presión constante para flexibilizar la supervisión bajo el discurso de la “inclusión financiera”. La paradoja es evidente: sin instituciones sólidas, la inclusión termina siendo una trampa.
El boom del crédito por apps: un ecosistema sin ley
En medio de esta fragilidad institucional, las aplicaciones móviles de crédito han explotado en popularidad. Prometen dinero inmediato, sin buró, sin garantías, pero muchas operan sin domicilio fiscal en México, sin controles, y con prácticas que rayan en la extorsión: tasas usureras, amenazas, acceso a contactos personales.
Las instituciones regulatorias —otra vez— están rebasadas. Ni la CNBV ni la Profeco ni la Condusef tienen hoy herramientas suficientes para frenar este fenómeno digital que funciona en los márgenes de la ley. La falta de cooperación internacional y la ausencia de un marco legal actualizado sobre fintechs informales deja a millones de usuarios vulnerables.
Una lectura para entender el problema
Como advierte el libro “Escándalos, fraudes, quiebras y otras anomalías empresariales y financieras”, muchos colapsos financieros no se deben solo a fraudes, sino a ecosistemas donde la supervisión fue debilitada intencionalmente o se relajó por presiones externas.
Y en “Regulación bancaria y estabilidad financiera en México”, se subraya que la independencia técnica de los reguladores es clave para evitar que los intereses de corto plazo contaminen decisiones que afectan la confianza en el largo plazo.
Las pymes en la línea de fuego
Las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan barreras estructurales para acceder a crédito formal, se ven obligadas a acudir a SOFIPOs inestables o apps riesgosas. No solo arriesgan su dinero: arriesgan su futuro. El vacío institucional deja a los más vulnerables con menos herramientas y más riesgos.
Conclusión: el deber de blindar a los reguladores
No hay desarrollo económico posible sin confianza financiera. No hay confianza sin instituciones autónomas, sólidas y respetadas. Lo que hoy vive México no es un escándalo aislado, es una advertencia. El país necesita una reforma integral que actualice las leyes, fortalezca a los reguladores y frene cualquier intento de debilitarlos o capturarlos políticamente.
Blindar a las instituciones no es proteger a los burócratas: es defender el futuro financiero de millones de mexicanos y miles de empresas que todavía creen en un sistema justo, estable y transparente.
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