El gobierno federal, mediante la Secretaría de la Función Pública (SFP), expresa su respeto a los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2010, difundidos por Transparencia Internacional.
El Índice evaluó en esta edición a 178 países del mundo en una escala del 0 al 10, en donde 0 es completamente corrupto y 10 completamente limpio; la evaluación se publica anualmente y en este año colocan al país en el lugar número 98.
Para el caso mexicano, el índice se integra con información proveniente de cinco organizaciones internacionales (World Economic Forum, Bertelsmann Stiftung, Economist Intelligence Unit, Institute for Management and Development y Global Insight) publicada en los últimos dos años y mide la percepción de la corrupción en el país en temas como: contrataciones públicas, comercio exterior, facilidades para la inversión, acceso a servicios públicos, calidad regulatoria y extorsiones. Estas instituciones elaboran sus evaluaciones principalmente con base en paneles de consultores extranjeros.
Para el gobierno federal, la corrupción es un grave problema que afecta a México al frenar la competitividad y erosionar el tejido social.
Por ello, la SFP emprendió una lucha sin precedentes en contra de la corrupción, innovando mecanismos que buscan inhibir sus prácticas más comunes y elevando el costo a quienes participan en estos actos ilícitos.
En este sentido, en los últimos dos años se impulsaron reformas institucionales y legislativas, como el nuevo marco jurídico que regula las contrataciones públicas, la política de regulación base cero (con la que se eliminaron más de 14 mil normas internas, se simplificaron los trámites fiscales y de comercio exterior), la implementación de un nuevo enfoque de auditoría gubernamental y el fortalecimiento de las estrategias de investigación de la corrupción.
Los primeros resultados de estas reformas han arrojado las siguientes cifras: más de ocho mil millones en ahorros para el Estado en contrataciones públicas y la eliminación de más de mil 600 trámites, con lo que se busca cerrar espacios a la corrupción y facilitar la interacción entre ciudadanos y gobierno.
Como resultado de la nueva estrategia de combate frontal a la corrupción, en esta administración, además de la aplicación de sanciones administrativas, se ha denunciado penalmente a más de mil personas por presuntos actos de corrupción.
La labor de fiscalización a los recursos federales ejercidos por gobiernos locales ha permitido el reintegro a la federación de mil 500 millones de pesos que no fueron aplicados debidamente.
Sin duda, la encuesta sobre el IPC 2010 es un llamado de atención para fortalecer la lucha contra la corrupción, pero también es una oportunidad para recordar que mejorar la calificación de México depende del esfuerzo de diferentes actores: los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión y la sociedad en su conjunto.
Secretaria de la Función Pública
