Definimos a la globalización como “el resultado de la democratización de la financiación, la tecnología y la información”.
Durante muchos años el proceso de globalización se aceptó como una fuente de oportunidades para el desarrollo y el crecimiento económico, pero hoy se han puesto de manifiesto las amenazas que supone para el logro de un desarrollo sostenible. Así, la globalización ha sido criticada por ignorar los objetivos sociales y ambientales en favor de objetivos exclusivamente económicos que, en cualquier caso, no se distribuyen de forma equitativa entre las distintas regiones o países.
A medida que crecía el fenómeno de la globalización, pequeñas, medianas y grandes empresas o instituciones se veían obligadas a adquirir la capacidad de tomar decisiones bajo una perspectiva global, e iban ganando influencia y poder sobre la actividad de los gobiernos y de otras organizaciones en todo el mundo; pero, de forma paralela –y aún con más fuerza en la actualidad–, este proceso iba incrementado su exposición y haciéndolas más vulnerables.
Hoy los ciudadanos de cualquier lugar del mundo pueden condicionar el logro de los objetivos empresariales y, por ende, limitar los intereses de aquellos que aportan capital, obligando a las empresas a comportarse y a desarrollar su actividad bajo un clima de necesaria aceptación global de sus actuaciones en ámbitos como el medio ambiente o el respeto a los derechos humanos.
Las empresas se han convertido, a su vez, en lo que ha venido a denominarse “ciudadanos corporativos” en relación con el comportamiento que la sociedad espera de ellas como de un ciudadano más, que debe hacer suyos los mismos valores, preocupaciones y deseos de las comunidades a las que afecta su actividad.
La globalización también ha acentuado la asimetría de poder entre las empresas y los Estados, produciéndose de hecho una transferencia de poder desde los gobiernos hacia las corporaciones empresariales. Esta realidad provoca la aparición de actuaciones distantes que, en ausencia de un adecuado escrutinio por parte de los gobiernos, han permitido comportamientos antisociales en busca del beneficio.
Así, en ocasiones la propia globalización ha servido como excusa para eludir las responsabilidades que como ciudadanos responden a las empresas, buscando entornos menos exigentes o regulaciones más laxas en otros lugares del mundo, fundamentalmente en países en vías de desarrollo donde ni el nivel cultural ni el escenario legal han supuesto tradicionalmente problemas para las multinacionales.
Sin embargo, frente a la tradicional diversidad legislativa entre países –incluso dentro de una misma región–, se ha consolidado una tendencia hacia la armonización a escala global de las normas y estándares que regulan la actividad de las empresas, empezando a ser habituales las demandas por parte de diversos sectores de los países en vías de desarrollo reclamando indemnizaciones o un comportamiento más responsable de las compañías extranjeras.
En este sentido, se ha producido un notable aumento del protagonismo de las ONG, tanto haciendo frente al mundo empresarial como solicitando y prestando su colaboración, generándose un nuevo modelo de gobierno colaborativo entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Mtra. Claudia Bárcenas Cabrera, Académica de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México
claudia.barcenas@anahuac.mx / @claudiab241296
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