En México, el tema del empleo es un tema delicado. Si bien, no se trata de una crisis tan grave como la de algunos países europeos, el escenario es complejo.
De los 34 países que integran la OCDE, 22 presentaron una tasa de desempleo superior a la de México. Entre las naciones con menores niveles de desempleo se encuentran Corea del Sur, donde la tasa fue del 3.4%, le siguen Austria con 3.9%, Japón con 4.6%, México con 5%, Holanda y Luxemburgo con 5.2%, y Alemania con niveles de 5.4%.
La economía informal en marzo alcanzó cifras de 14 millones de personas, según cifras reportadas por el IMSS.
Acorde con el INEGI, más de 4 millones 293 mil personas estaban subempleadas al cierre de 2011.
En este sentido, el ganador de las próximas elecciones presidenciales tendrá que enfrentar retos en los que convergen intereses de los trabajadores, gremios, sindicatos, autoridades y patrones.
Para Thierry Gonnet, Director de Adecco México, indica : “Quien se vaya a quedar en la Presidencia se enfrenta al gran reto de darle continuidad al crecimiento económico para seguir atrayendo inversión al país y que los empresarios se sientan a gusto y así contribuir a la generación de más y mejores empleos.”
Por lo tanto, sería de esperarse que en la agenda presidencial para el próximo sexenio encontremos acciones tendientes a:
Fomentar y proteger la inversión de los corporativos nacionales y extranjeras.
Establecer las condiciones legales y económicas que permitan la creación de nuevos empleos.
Flexibilizar la relación laboral para facilitar la contratación formal.
Generar vínculos entre universidades y empresas para evitar que el talento mexicano salga del país.
Incentivar la contratación de personas con discapacidad y adultos mayores.
Garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y la buena relación entre sindicatos y empleadores.
Mejorar los procesos judiciales en materia de trabajo a efecto de que los conflictos laborales se resuelvan de una manera más rápida y justa.
Erradicar el trabajo infantil en todas sus modalidades
Ajustar los salarios para que se conviertan en ingresos verdaderamente remuneradores.
Eliminar la economía informal y los fraudes a trabajadores en materia de seguridad social.
En resumen, lo que se requiere es una reforma laboral efectiva y las acciones que la complementan. Es decir, la mejora del sistema educativo y fiscal, así como los incentivos para impulsar la productividad de las empresas, especialmente de las Pymes.
El Director de la firma concluye: “La economía informal es un gran riesgo. No es posible que en un país donde más de 40 millones de personas estén en posibilidad de trabajar, sólo 15 millones estén afiliados al Seguro Social. Es vital que se regularice esta situación para incrementar la recaudación de las cuotas.”
Redacción
