Todo esfuerzo en reducción de trámites tiene un impacto favorable en la competitividad y el combate a la corrupción. En competitividad, porque entre menos tiempo invierta el funcionario gubernamental o el ciudadano al realizar los trámites, se tendrá más tiempo disponible para enfocarse a actividades productivas que generen riqueza. En combate a la corrupción, porque entre menos pasos existan para realizar los trámites se reducen las posibilidades de que un funcionario pueda valerse de ellos para extorsionar o sobornar a los ciudadanos.