A través de los denominados Proyectos de Prestación de Servicio (PPS) el gobierno confiere a la iniciativa privada la realización de una obra, como un hospital o universidad, y además le permite administrarla durante determinado tiempo otorgándole una cuota fija, y las PyMEs pueden aprovechar este esquema de contratos.
Mediante las Asociaciones Público-Privadas (APP) el gobierno ya no sólo licita la construcción de infraestructura sino que pide la entrega de servicios en el nivel más óptimo. Se trata de un arrendamiento a largo plazo ya que los contratos van de los dos a los 40 años, al finalizar el tiempo el gobierno se queda con la obra.
En este modelo la iniciativa privada tiene que realizar una fuerte inversión inicial y no verá redituado su esfuerzo hasta que el desarrollo sea funcional, ello indicaría que las PyMEs no tendrían acceso a esta clase de contratos, sin embargo sí existen algunos negocios de los que podrían beneficiarse.
Carvajal Tecnología y Servicios (CT&S) señala que, dado que es necesario buscar empresas expertas en cada fase de diseño, construcción, equipamiento, instrumentación y puesta en marcha, las PyMEs pueden participar en diversas etapas a través de la subcontratación.
La misma CT&S explica que se vale de pequeñas empresas especializadas en determinada área para sacar adelante los proyectos de manera más ágil.
Se espera que a través de este modelo de negocios crezca la infraestructura del país y los grandes proyectos en beneficios de la sociedad lo cual significa que las PyMEs tendrán una importante oportunidad para hacer negocios a largo plazo con grandes empresas.
Asimismo se espera que a través de la unión del sector se formen clústers para brindar servicios especializados.
Pero no sólo eso, esta clase de contratos buscan detonar el desarrollo de una región por lo cual se espera que las pequeñas empresas también se vean beneficiadas una vez que la obra ya este en marcha.
Cabe destacar que este esquema permite las propuestas no solicitadas, es decir que los empresarios que detecten una necesidad de infraestructura en su región, puede acercarse al gobierno con un proyecto viable de negocios. En estados como Chiapas y Yucatán esto ya es una realidad.
No obstante hay que destacar algunas de las condiciones. El objetivo de dar a la iniciativa privada el control de la obra es para garantizar que ésta se mantenga en óptimas condiciones y que el servicio que se ofrezca sea siempre de calidad, en caso de fallar se aplica una penalización y disminuyen los pagos.
Asimismo el proyecto que se ofrece debe tener un costo menor al que el gobierno pagaría por su desarrollo, por ello antes de autorizarlo se lleva a cabo un proceso de licitación más elaborado que en el modelo tradicional.
Es a nivel estatal donde se están generando más contratos de este tipo, aunque CT&S estima que crecerá la participación de municipios con obras principalmente de hospitales, carreteras y universidades.
Ariadna Cruz
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