La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 19 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra igual número de empresas privadas, por el delito de falsificación de documentos, en su modalidad de uso, es decir, que documentos apócrifos fueron utilizados en el marco de un proceso legal.
Además, la SFP ha abierto procesos de responsabilidades administrativas a estas empresas, que podrían hacerse acreedoras a una sanción económica, según la legislación actual, de hasta mil veces el salario mínimo general vigente, y a una inhabilitación hasta por cinco años para hacer negocios con el gobierno federal.
Con el conocimiento y la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la SFP sancionó a 16 empresas e impuso multas por un total de más de diez millones de pesos, e inhabilitaciones para hacer negocios con el gobierno federal que van, en cada caso, de dos años, un mes; hasta cuatro años, cuatro meses.
Dichas empresas presentaron documentación apócrifa para adjudicarse contratos como proveedoras del IMSS, en procesos de licitaciones o adjudicaciones directas.
Entre 2007 y 2010, 16 de las 19 empresas privadas denunciadas por la SFP obtuvieron contratos por 366 millones de pesos. Las tres restantes no habían obtenido ni obtuvieron contratos previos con el IMSS.
Asimismo, seis de las 19 empresas denunciadas que presentaron documentos apócrifos “para avalar su experiencia” obtuvieron contratos por 62.4 millones de pesos.
De los casos detectados, resaltan cinco por los montos de lo contratado:
1. Una empresa que presentó un número de registro sanitario apócrifo que “amparaba” un producto de prótesis. La empresa que realmente obtuvo dicho registro de la Secretaría de Salud jamás lo cedió, por lo que solicitó cancelarlo a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La empresa falsificadora obtuvo un contrato por 42.8 millones de pesos.
2. Una empresa presentó un documento falso, con un número de registro sanitario para vender material de curación. La Cofepris informó que ese número de registro fue otorgado a otra empresa. El contrato de adjudicación con la empresa que falseó el documento fue por 18.5 millones de pesos.
3. Una compañía presentó un número de registro sanitario para prótesis. La Cofepris negó haber emitido dicho registro y reportó que ni siquiera es un número que exista en sus archivos. El monto del contrato adjudicado a la compañía hoy denunciada fue de 8.2 millones de pesos.
4. Un aspirante a proveedor presentó una póliza de fianza falsa, supuestamente expedida por una afianzadora, la que reportó que las personas que suscribieron la fianza no laboraban ahí, y que las firmas tampoco correspondían con las autorizadas. Se le adjudicó un contrato por 739 mil pesos.
5. Una empresa presentó una carta supuestamente suscrita por una firma reconocida, para sustentar la oferta de consumibles y refacciones de equipo médico y de laboratorio. El supuesto aval aclaró que cuando expide tales documentos lo hace con otra razón social; además, la persona que suscribió la carta tenía más de un año de no laborar con ellos. La adjudicación que logró la empresa fue por 204 mil pesos.
Las empresas proveían al IMSS de diferentes productos y/o servicios, por ejemplo: mantenimiento mecánico a vehículos del Instituto; material de curación; y servicio de recolección y transporte y tratamiento de residuos peligrosos –biológicos e infecciosos–.
Asimismo, ofrecían mantenimiento de equipos de electrónica médica y equipos de anestesia; refacciones para equipo médico y de laboratorio y servicio de seguridad y vigilancia de inmuebles del IMSS.
Otros rubros en los que participaban eran la venta de medicamentos; obra pública en unidades del IMSS; equipo de cómputo; y venta de ropa para servicio médico.
De las empresas que incurrieron en falsificación, 14 lo hicieron con documentación de carácter privado, otras cuatro con documentos públicos, y la empresa restante con documentos de ambos tipos.
Los documentos públicos son aquellos expedidos por un servidor público o un fedatario, por ejemplo: una autoridad de la Administración Pública Federal, un corredor o un notario público.
Los documentos privados son emitidos por y entre particulares para dar testimonio de algún asunto privado, entre personas que no son servidores públicos.
Staff pymempresario
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