Es una paradoja que habiendo escasez de recursos presupuestales y una carencia importante de servicios de infraestructura para estimular el desarrollo nacional y la competitividad, en México no contemos aún con un marco jurídico adecuado y suficiente que fomente la inversión público-privada en esta materia, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mario Sánchez Ruiz.
Tan importante como la seguridad pública que hoy se busca mejorar a través de políticas de Estado que podrían derivar del diálogo y los consensos al que hemos sido convocados los distintos actores de la sociedad, lo es también la seguridad jurídica en todas sus vertientes, señaló el representante privado.
Sin lugar a dudas que hemos desaprovechado enormes oportunidades de abrir nuevos canales de fomento a la inversión y el empleo, precisamente por no contar con una base legal moderna y adecuada, subrayó Mario Sánchez Ruiz.
La construcción de infraestructura pública, bajo un esquema de participación compartida entre el sector gubernamental y las empresas privadas, es una posibilidad real que debemos consolidar mediante un marco jurídico equiparable al de las mejores prácticas internacionales.
Por lo mismo, a menos de un mes de que arranque un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el representante privado adelantó que el CCE y los organismos que lo integran, considerarán entre su lista de prioridades a la reforma que en esta materia fue aprobada en el Senado de la República el pasado 29 de abril, misma que todavía está pendiente por resolverse en la Cámara de Diputados.
Los proyectos de inversión público-privada son una realidad en muchos países del mundo y estamos seguros de que, con reglas del juego claras, simples y sobre todo funcionales, se abrirán espacios de oportunidad importantes para detonar la inversión y el empleo, además de desarrollar infraestructura y servicios necesarios para amplios grupos de la sociedad que hoy ven limitadas sus oportunidades por el hecho de que la infraestructura actual resulta insuficiente.
El presidente del CCE consideró que en los actuales tiempos de elevada competencia internacional, no caben la pasividad y el desperdicio de oportunidades pues, de hecho, vamos retrasados al no contar todavía con una ley que ofrezca un marco de certidumbre para todos los participantes en la construcción de infraestructura pública.
La última palabra la tienen los señores diputados, dijo, luego de que se ha aprobado en lo general la reforma correspondiente por el pleno del Senado de la República.
No emprender los cambios que el país requiere, como es el caso de una ley de vanguardia en materia de infraestructura público-privada, junto con otras reformas que nos den seguridad jurídica y mejores perspectivas para modernizar al país, implicará cancelar el arribo a tasas de crecimiento sostenido superiores a cinco por ciento y la generación de empleos que el país requiere.
El presidente del CCE concluyó que además de buscar nuevas estrategias para alcanzar la seguridad pública, debemos emprender en paralelo una cruzada nacional por la seguridad jurídica y estar dispuestos para ello a realizar los cambios y las reformas necesarias.
Redacción
