Actualmente la utilización de diferentes dispositivos tecnológicos forma parte fundamental del desarrollo de las relaciones de trabajo; sin embargo, la legislación laboral vigente no prevé regulación alguna para el desahogo de pruebas como los documentos digitalizados, correos electrónicos, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y video, firmas electrónicas o contraseñas y, en general, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.